Tres nuevos testigos han coincidido en que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió en 2001 alrededor de 67.300 metros cuadrados de Las Teresitas que eran suyos desde los años sesenta. En la sesión de ayer del juicio que lleva el nombre de la playa lo han declarado así la jefa de Patrimonio, Laura Martín; el director de esta área, Francisco Sánchez, y la exdirectora técnico-jurídica de la Gerencia de Urbanismo, Luisa del Toro.

Martín recuerda que en 2013 encontraron una ficha en la que se reflejaba la propiedad de unos terrenos por parte del ayuntamiento, que nunca se había dado de baja. Igualmente, descubre que cuando en 1999 se puso al día el inventario la superficie de la parcela se había reducido, sin que sepa la razón. Martín indicó que se da de baja o de alta un bien a petición del departamento correspondiente, lo que nunca ocurrió en este caso.

El abogado del exsecretario de Urbanismo, Víctor Reyes, mostró su sorpresa por el hecho de que esta ficha se incluyó en el inventario un 31 de diciembre, que en el año 1999 coincidía con un domingo. El letrado incidió en que estos terrenos carecen de referencia catastral.

El director del Servicio de Patrimonio avanzó en el mismo sentido que Martín que por esas fechas se les requirió un informe y se limitaron a confirmar que la propiedad de las parcelas estaba a nombre del ayuntamiento en el inventario. Tampoco pudo explicar las discrepancias en cuanto a la superficie de los terrenos; señaló que no siempre existen referencias catastrales y dijo que los bienes inscritos no se cotejan con el registro de la propiedad.

Otra parte de la vista oral versó sobre asuntos urbanísticos. El arquitecto, Francisco Javier Domínguez Anadón, reconoció que había trabajado para el empresario Antonio Plasencia, acusado en este caso, y para la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), encargos por los que llegó a cobrar 83.000 euros. A lo largo de este proceso ha defendido el uso turístico de la playa, excluido en el Plan Insular, y coincidió con otros testigos en que la calificación del suelo es urbano en régimen transitorio. Por lo tanto, los propietarios no estaban obligados a ceder el 10% de los aprovechamientos, criterio que no comparte el Colegio de Arquitectos.

Calificó de "impacto ambiental inadmisible" la construcción de un hotel en la antigua batería militar, propiedad del ayuntamiento que suma 40.000 metros cuadrados, con lo cual asegura que se superó el techo establecido. Lo que no pudo aclarar el arquitecto es la eterna duda de si las parcelas 11, 12 y 13 son o no municipales. Hizo referencia a un informe de la Gerencia de Urbanismo sobre el trasvase de aprovechamientos del frente a Las Huertas que según dijo estaba repleto de contradicciones, desajustes y "errores bastante importantes".

Epifanio Gómez ejerció como jefe de Planeamiento hasta hace cinco años, momento en el que se jubiló. Durante su declaración apenas podía recordar nada de lo ocurrido y tan solo reconocía los documentos que se le iban presentando y que llevaban su firma. Señaló que no era normal que el concejal encargase la tasación a un funcionario, tal y como hizo Manuel Parejo con Pía Oramas, arquitecta municipal, sino que habitualmente era él quien determinaba la persona que iba a realizar el trabajo.

Aseguró haber visto la tasación de Oramas y estaba de acuerdo con los criterios y conclusiones. "Me pareció coherente", señaló. Admitió que fue el autor de un documento, luego desaparecido, en el que apostaba en 1998 por cambiar el planeamiento para que toda la playa fuera de titularidad pública, lo que le seguía pareciendo "conveniente y oportuno".

Tampoco esclareció otra de las dudas que de forma reiterada han surgido a lo largo de este proceso, como es qué fue lo que pasó con el colegio que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ordenó ubicar en Las Huertas. Según dijo en una conversación posterior con la Dirección General de Educación, le comentaron que esta dotación ya no era necesaria porque había centros educativos suficientes.

Sin embargo, la fiscal recordó que la urbanización prevista en este entorno contempla la construcción de 900 viviendas en las que residirán 4.500 personas. Calificó de "positivo" y "posible" el convenio firmado entre el Ayuntamiento e ILT que dividió la playa en dos ámbitos, aunque aseguró que no participó en su redacción.

Del Toro: "Pía Oramas me contó dónde guardaba la tasación por si le pasaba algo"

"Pía Oramas me dijo que se sentía amenazada y coaccionada y por eso me contó dónde había guardado la tasación por si le pasaba algo". Estas palabras fueron pronunciadas por la exdirectora técnico-jurídica de la Gerencia de Urbanismo, Luisa del Toro, en referencia a la tasación realizada por la exarquitecta municipal, que fijó el valor de la playa en 17 millones frente a los 53 que pagó el ayuntamiento.

Esta funcionaria indicó que en su momento su puesto de trabajo estaba junto al de la arquitecta y calificó de "muy desagradable y delicado" lo ocurrido debido a que el grupo de gobierno no aceptaba su valoración, razón por la cual nunca se incorporó al expediente.

Su propio caso, por lo visto es muy parecido, ya que ha sido cesada, según dijo, por los informes que ha realizado sobre el mamotreto, los quioscos de Las Teresitas y los negocios del Parque Marítimo, cuyas conclusiones no son compartidas por el actual grupo de gobierno.

Del Toro también tuvo un papel determinante a la hora de atender a los vecinos de Las Huertas que reclaman la titularidad de sus terrenos. Recordó que en 2008, la entonces concejal de Urbanismo, Luz Reverón, le encargó que realizara un estudio, cuyas conclusiones fueron que los reclamantes tenían razón en un elevado tanto por ciento.

A partir de aquí la Junta ha depositado en la Gerencia más de un millón de euros que se corresponden a la expropiación fallida que tuvo lugar en los años setenta, precio que estos propietarios se niegan a aceptar.

Otra parte de su intervención se centró en la deuda de 66.000 euros por parte de la Junta al Ayuntamiento, razón por la cual no ha devuelto los terrenos cedidos en su día y que bajo su punto de vista no está prescrita, pese a los documentos que según los abogados de la defensa certifican lo contrario.