La vista oral del caso Las Teresitas se centró ayer en cuestiones como la adecuación del plan parcial a los estándares turísticos y la propiedad de Las Huertas y de Costas. En este último caso, el exjefe de la Demarcación, Carlos González, aseguró que el ayuntamiento nunca pudo ser dueño de los terrenos ganados al mar tras las actuaciones para construir la playa artificial. Y fue así porque aunque la Ley de Costas vigente en ese momento lo permitía, lo cierto es que jamás se llegaron a recibir las obras.

Durante su declaración la semana pasada, el exasesor de la Junta de Compensación Mauricio Hayek, en varias ocasiones, reivindicó para la entidad la propiedad de estos solares.

Pese a ello, la Junta de Compensación, Inversiones Las Teresitas (ILT) y el consistorio han ido comprando y vendiendo de forma sucesiva las parcelas del fondo de la playa que estaban dentro del deslinde marítimo terrestre del año 1961, aún en vigor. Precisamente, las que tendrían más valor por ser las que reúnen mejores condiciones para edificar.

González admitió que tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que en 1998 permitía construcciones en el frente, se llegó a estudiar la posibilidad de que el deslinde transcurriese a lo largo del muro, pero finalmente se optó por mantener en 2009 el criterio anterior. Esta delimitación sería luego anulada por un defecto de forma a su paso por la Audiencia Nacional (AN).

González, precisamente, fue el autor de un informe en 2009 en el que se estudiaba cómo afectaba a las parcelas compradas por el ayuntamiento el nuevo deslinde que básicamente coincidía con el anterior. El resultado es que la situación no había cambiado en nada.

El exjefe de Costas dijo que el convenio previsto para ejecutar las obras diseñadas por el arquitecto francés Dominique Perrault no se llegó a firmar después de que el TS anulara en 2007 la operación de compraventa. Por lo tanto, la titularidad de los terrenos sobre los que se iba a trabajar quedaba en el aire.

En definitiva, González ratificó que los solares en cuestión "ni se compran ni se venden" y admitió desconocer si estaban inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento, ILT o de la Junta.

Por su parte, el jefe de Infraestructuras Turísticas del Gobierno canario en el año 2003, Andrés De Souza, declaró que el contenido la modificación del Plan General Ordenación (PGO) en este ámbito iba en contra de las directrices turísticas y así lo informó en su momento.

Las consecuencias serían que no se podía construir edificación turística alguna en todo el plan parcial hasta que la moratoria quedara sin efecto. Tenía constancia de que el ayuntamiento subsanó de forma parcial algunos reparos, aunque nunca respondió al informe.

El convenio cambiaba en el frente el uso de hospedaje y la posibilidad de construir edificios de hasta seis plantas por espacios libres de uso público y en Las Huertas se pasó del hospedaje y permitir seis plantas a la calificación de residencial. Este informe era preceptivo, pero no vinculante, admitió. Cuando se estudió el caso concreto del hotel de propiedad municipal se llegó a la conclusión de que no se adecuaba a los estándares. No le consta que la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) hubiese emitido un dictamen favorable.

Otro de los testigos que intervino ayer fue el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo hasta el año 1999, Sebastián Martín Arrate. Indicó que informó negativamente a las propuestas de convenio que presentaba la Junta porque iban en contra de las normas medioambientales, de agua o suelo, no se había delimitado con exactitud el ámbito territorial ni incluido un centro educativo.

El exsecretario ya advirtió en aquel momento sobre la situación de los propietarios de Las Huertas cuya titularidad sobre los terrenos "estaba muy indeterminada" en cuanto que no existían pruebas de que hubiesen recibido cantidad alguna por la expropiación acordada en los años setenta.

También informó en contra del proyecto de urbanización, básicamente porque en materia urbanística no existe la figura de la aprobación por silencio administrativo positivo al que se quería acoger la Junta.

El exsecretario de la Cotmac, Juan Luis Medina Fernández Aceituno, responsabilizó al consistorio de todo lo que tenía que ver con la ordenación de este ámbito. No obstante, en su momento se consideró que la Cotmac, "no podía cerrar los ojos ni desentenderse ante un asunto tan importante. Estábamos obligados a velar para que se cumpliera la ley del suelo", dijo.

La exfuncionaria de la Gerencia Ana Zurita declaró que también había detectado carencias en el proyecto de urbanización y por ello se opuso a su aprobación. Las deficiencias se centraban en cuestiones como las infraestructuras, plan de etapas y dotación de aparcamientos.

"Siempre pensé que no tenía sentido un proyecto de urbanización que no se adaptaba a la realidad y más cuando se iba a convocar un concurso internacional de ideas", dijo.

La exgerente, Carmen Casanova, intervino por videoconferencia, pero no recordaba demasiado de aquella época y apenas pudo aportar algún dato de cierta relevancia.