"Cuando le preguntábamos si había recibido presiones para hacer un informe favorable no lo negaba; se salía por la tangente". Con estas palabras, el inspector de la Policía que declaró ayer en la vista oral del caso Las Teresitas explicó las conversaciones sostenidos con el exinterventor municipal Antonio Messía de Yraola. Los contactos comenzaron tras recibir informaciones de testigos protegidos muy próximos al funcionario de que había sido coaccionado para emitir un dictamen sobre la compraventa de la playa en determinado sentido.
Al parecer, incluso Yraola, que en aquellos tiempos padecía graves problemas de salud, en una ocasión se acercó a la policía para declarar a voluntad a propia. En total, fueron tres conversaciones. En las dos primeras el funcionario nunca negó de forma clara que no hubiese recibido presiones. Cuando se le cuestionaba al respecto señalaba que quería consultar el asunto con otros interventores o abogados. En la tercera ocasión se mostró ya a la defensiva, seguramente al prever que iba a ser imputado, tal y como ocurrió.
Yraola también admitió que conocía el informe de la arquitecta municipal, Pía Oramas, descartado porque incluía un precio muy inferior al que pagó el ayuntamiento. El exinterventor ratificó que esa tasación no se incluyó en el expediente sin que jamás haya encontrado una justificación. Su abogado intentó restarle importancia y credibilidad a la versión policial y llamó la atención sobre el hecho de que no se le había advertido de que pocos días después la Fiscalía iba a pedir su imputación.
Los investigadores ratificaron que las conversaciones siempre habían sido distendidas y cordiales y negaron que se le hubiese tratado como confidente y ni siquiera testigo. Eso sí, hubo alguna llamada más por parte del funcionario pero nunca se levantó un atestado ni nada parecido y los contactos se llevaron a cabo después de que los agentes se identificaran. El funcionario negó amenazas aunque se mostró esquivo cuando se le interrogaba sobre si había recibido algún tipo de "presión, indicación o sugerencia". En ese momento, según el inspector, "no lo negaba".
Por su parte, el interventor y auditor del Estado, Manuel Souto, no pudo intervenir ante las protestas de las defensas, aceptadas por el juez, al considerar que había emitido un informe a petición de la Fiscalía y con la documentación aportada por el Ministerio Público, antes incluso de que se admitiera la querella a finales de 2006.
En concreto, se trataba de un dictamen que cuestionaba el procedimiento seguido en el expediente de compraventa en cuanto que no se había incluido la tasación de la arquitecta, entre otras irregularidades. Souto es el autor de la famosa frase de que este negocio fue "un pelotazo de libro".
El resto de la sesión de ayer fue una continuación de la anterior. Intervino otra concejala de la corporación municipal que votó a favor de la compraventa: la socialista, Ana Patricia Cruz López, quien dijo que en el seno de este partido se apostaba por desmarcarse de Coalición Canaria, en cuanto que la oposición a que se construyese en el frente de la playa había sido una postura defendida siempre por el PSOE. Justificó el voto a favor porque así lo había decidido de forma vinculante una asamblea local y calificó de "posicionamiento personal" la postura del entonces secretario insular, Santiago Pérez. Consideró que la expulsión de los concejales del partido fue "totalmente antiestatutaria".
El edil de CC Jeremías Rivero dijo que decidió su voto tras hablar con el secretario de la Corporación, José Eugenio de Zárate, acusado en la trama, quien le aseguró que no había puesto reparo al expediente. Intervino también Dámaso Arteaga (CC), el único concejal que sigue en activo de los que han declarado. Justificó su apoyo porque todos los informes eran favorables "y existía un clamor popular para que no se construyera en la playa". Dijo que había sido el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, también acusado, el que explicó los pormenores de la operación y la defendió.
"Testaferros y préstamos", durante la sesión de hoy
En el día de hoy la jornada toma un giro diferente a las sesiones que han tenido lugar durante la semana. En concreto, están previstas dos comparecencias de interés. La primera es la de Felipe Armas, el extrabajador de la empresa de Ignacio González que solicitó el crédito de 33,3 millones para adquirir el frente de la playa en 1998 dado que González era consejero de CajaCanarias. Armas, que permaneció imputado durante bastante tiempo, ha sido calificado como "testaferro" por parte del abogado de la acusación particular, José Pérez Ventura. La declaración del presidente de CajaCanarias, Álvaro Arvelo, también despierta interés en cuanto que hasta ahora las comparecencias del expresidente Rodolfo Núñez y el empresario Amid Achi apuntaron ciertas irregularidades y tratos de favor hacia los empresarios en la concesión del crédito. En el caso particular de Núñez, porque no se pidieron todas las garantías exigibles y en el segundo porque Achi aseguró que le habían amenazado para que no se opusiera a la concesión del préstamo.