El colegio La Salle de Santa Cruz ha recibido en pocos meses dos varapalos judiciales en su intento de adecuar el edificio recientemente construido a la legalidad urbanística. En uno de los casos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) impide, al menos por ahora, la legalización de las instalaciones deportivas. Y en otro, desde este mismo ámbito judicial se remite al momento en el que se levante la suspensión de determinadas áreas para determinar si el inmueble puede ajustarse finalmente a la legalidad urbanística.

Respecto a las instalaciones deportivas se trata de un recurso presentado por la Gerencia de Urbanismo contra una sentencia que en primera instancia reconocía el derecho del colegio a recibir esa autorización. Pero acto seguido, con base en la directiva europea en vigor, se indica que este paso no se puede dar hasta que todas las instalaciones sean legalizadas.

El otro fallo del TSJC es el resultado de un recurso presentado por el centro docente en contra de la suspensión de esta área dentro del Plan General, en el que también se pedía que se declarase definitivamente aprobada la ordenación de la parcela.

El TSJC rechaza eliminar la suspensión e indica que solo cuando se levante será el momento para estudiar los reparos impuestos por la Cotmac. Las objeciones se refieren a un posible cambio de usos de terciario a turístico en cuanto daría lugar a un aumento del límite legal de edificabilidad. Tampoco se considera que esté justificado y motivado permitir la recalificación de docente a comercial en la categoría de gran comercio. Aspecto este último que está dispuesto a asumir el colegio.

Desde la Sala se apunta que para levantar la suspensión no se debe tener en cuenta solo una área concreta sino todo el ámbito. El objetivo de esta medida es garantizar que la nueva ordenación no produzca un incremento de edificabilidad residencial o turística que vulnere el estándar legal.

El TSJC indica que en la parcela, aunque no hay un problema de fuera de ordenación, sí está cuestionada la legalización de lo ya construido, aspecto que depende de la planificación futura. "Hasta que no se conozca con la debida certeza el dato controvertido de la densidad de población y de superficie residencial no se podrá examinar la legalidad, acierto y oportunidad de las restantes determinaciones del área urbana suspendida".

Desde el centro educativo se sostiene que el nuevo edificio no contribuye a la saturación de ningún área residencial o turística y tampoco se ve afectada por el régimen de fuera de ordenación. Defienden que los equipamientos comerciales y deportivos mejorarán cuando funcionen las condiciones de vida de los residentes. Además, indican que las 450 plazas de aparcamientos previstas ayudarán a resolver el problema en la zona.

Sin embargo, tanto Urbanismo como el Gobierno canario han defendido la conveniencia de mantener la suspensión del Plan General en todas las áreas saturadas, incluida esta, El Cabo, en la que se localizan 96 edificaciones que no se adecuan al PGO.

El informe técnico determina que la edificabilidad residencial y turística por hectárea supera los parámetros de la antigua ley pero no su modificación, que permite 15.000 metros cuadrados por hectárea. En este caso, el índice está en 13.000 metros cuadrados.

Las Huertas

La Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz celebra hoy (11:30 horas) y mañana (a partir de las 10:00) las sesiones de las piezas separadas número 2 y 3 del Juicio de Las Teresitas por apropiación indebida y falsificación de documentos públicos, de lo que están acusados Mauricio Hayek, Jerónimo Delgado, Álvaro Fernaud y Clemente Martín. Todos ellos son exdirectivos de la Junta de Compensación y se sientan en el banquillo por esa supuesta falsificación documental y apropiación indebida por el Valle de las Huertas y Montaña Morera y el dinero que habrían dejado de pagar a los accionistas del frente de la playa. En total se calcula que supuestamente estafaron alrededor de cinco millones de euros.