El consejero delegado y vicepresidente de Cepsa, Pedro Miró, explicó ayer las "dificultades administrativas" que afronta la empresa "para poder reanudar la actividad en la refinería de Tenerife", ubicada en la capital, Santa Cruz, y que lleva dos años parada.
"Nosotros no nos iremos (de Tenerife), nos echarán", apuntó Miró en la mañana de ayer tras su intervención en el marco de un acto público organizado por Esade.
El directivo de Cepsa aclaró que, para hacer funcionar una refinería, "hace falta una declaración ambiental integrada y que, en el caso de la de Tenerife, las exigencias son más duras que en ninguna otra parte de España".
Teniendo en cuenta, además, añadió Miró, "que en las Islas Canarias no hay gas va a ser muy complicado poder hacer funcionar la refinería".
Pedro Miró lamentó en concreto "las exigencias medioambientales que han llevado a la paralización actual".
"A mí me duele, igual que al accionista, tener la refinería parada", afirmó Miró, quien desveló que "hay recurridas multitud de disposiciones normativas", entre ellas el plan de calidad del aire que aprobó el Gobierno de Canarias a comienzos de 2014, pero que, en las condiciones actuales, "la planta no se puede poner en marcha para que la empresa sufra, además, una campaña de desprestigio que afectaría a nuestra reputación".
El recurso más reciente, en el que la empresa pleiteó contra una sanción de 150.000 euros, lo ha desestimado el TSJC hace unos días.
Miró valoró que en Europa sobra capacidad de refino y el mercado "no se ha resentido en absoluto" por la parada de Tenerife.
Cepsa cuenta con tres refinerías en España: la de Tenerife, La Rábida, en Huelva, y Gibraltar-San Roque, en Cádiz. El directivo añadió que "las exigencias en Tenerife son superiores incluso a las que de Andalucía, que son las más duras de la Península".
Miró concluyó recordando que "el grupo tiene un compromiso con los empleados" y destacó que ha supuesto "un esfuerzo muy grande" mantener la actividad con la planta parada.
"Sería el Gobierno de Canarias el que debería pronunciarse, pues la normativa sobre calidad del aire la ha determinado esa administración y es la competente", señalaron ayer fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Sin embargo, sí valoraron que "la ley está para cumplirla. Todos, los ciudadanos y vecinos, este Consistorio y también, por supuesto, la empresa. A esta le que queda la posibilidad de recurrir, como ya ha hecho en distintos ámbitos, incluido el judicial, si considera que la legislación vigente perjudica a sus intereses".