Muchos tinerfeños aún recordarán que a finales de la década de los sesenta invertir en la compra de terrenos o acciones de la playa de Las Teresitas se planteaba como la posibilidad de prosperar. La que se suponía la puerta abierta a una vida mejor se convirtió más tarde en una cadena inacabable de problemas. Hoy son casi 200 las personas que se consideran timadas por la Junta de Compensación después de vender en 1998 sus terrenos a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia.

Mañana comienza el juicio que sentará en el banquillo a los directivos de esta entidad, el presidente, Jerónimo Delgado; el secretario, Clemente Martín; el tesorero, Álvaro Fernaud, y el asesor, Mauricio Hayek. En realidad se trata de una pieza separada de la macrocausa de Las Teresitas. La vista oral se ha dividido en dos tramos. El primero tendrá lugar los días 10 y 11, momento en el que declararán los acusados por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos, oficial y mercantil. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel que suman 23 años y ocho meses y la devolución de unos 2,5 millones de euros. En la semana del 24 al 28 tendrá lugar la comparecencia de los numerosos testigos llamados a declarar que se consideran expoliados por la Junta.

Existen tres grupos de personas presuntamente timadas. En primer lugar, los propietarios de terrenos en el Valle de Las Huertas que en los setenta fueron expropiados. Pero como no había dinero para afrontar las ocupaciones finalmente en una sesión plenaria se decidió anular la operación. Sin embargo, estos solares fueron vendidos a ILT en 1998, aunque quienes se consideran sus auténticos dueños nunca recibieron cantidad alguna. Luego están los conocidos como los extranjeros, un grupo de residentes en Montaña Morera cuyas casas han desaparecido del Registro de la Propiedad y el terreno aparece a nombre de ILT.

Y a continuación están los accionistas de Playa de Las Teresitas SA, una entidad creada para realizar operaciones mercantiles con los terrenos. Casi todos los participantes en la sociedad fueron cegados por los anuncios publicitarios que anunciaban la creación de la playa artificial más grande del mundo, a pocos kilómetros de la capital y recién remodelada con arena rubia traída del Sáhara. Sin embargo, los inversores años después verían cómo recibían, en el mejor de los casos, el precio actualizado de su desembolso inicial. En otros, nada.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen pruebas sólidas de que se dejaron de pagar a los propietarios de los terrenos del frente y la trasera de la playa alrededor de 5,2 millones de euros en cantidades que oscilan entre los 883.500 euros por la parcela del Ministerio de Defensa en la que ahora se quiere construir un hotel, los 487.000 del CD San Andrés o los 421.000 a particulares. Aunque si se suma los intereses generados, la cantidad se eleva a los 7,5 millones. De esta cifra hay 4,3 millones que se corresponden a personas que no recibieron dinero alguno y el resto percibieron menos de lo que les correspondía.

Las víctimas del expolio aseguran que fueron objeto de coacciones y amenazas por parte de Hayek para que aceptaran la cantidad que se les ofrecía o de lo contrario no recibirían nada o acabarían siendo expropiados. Entre los perjudicados desde luego no se encuentra el asesor, a quien se le atribuye haber amasado "un gran enriquecimiento", hasta el punto de contar en sus cuentas con alrededor de 7,5 millones de euros. Todas ellas fueron bloqueadas por orden judicial en 2008, al sospecharse que los fondos podrían provenir de una apropiación indebida.

Del análisis de las cuentas de Hayek se desprendió que cobró de la Junta un total de 3,5 millones, de los que 1,9 no se sabe en concepto de qué fueron desembolsados. La explicación que da el letrado es que era propietario de un coeficiente de 7,3% de terrenos, lo que nunca pudo acreditar. De hecho, cuando en junio de 2008 fue detenido admitió que no era dueño ni de un solo metro cuadrado. Por ello, la policía considera que esos 1,9 millones debían haber sido repartidos entre otros miembros de la Junta.

Los directivos y socios de Playa de Las Teresitas SA no pagaron el impuesto de sociedades tras la venta, sino que lo declararon como beneficios particulares. De ahí se ha desprendido una sucesión de sanciones que llegan a 11 millones para cada uno de los miembros de la dirección. El saqueo a las cuentas de la Junta fue tal que en 2007 solo había un saldo de 5.000 euros. Por ejemplo, el presidente y secretario cobraron 7.400 euros en 1999, pese a que estos cargos no implican remuneración alguna.

A los miembros de la directiva se les atribuye el reparto de 760.000 euros que se corresponde a los intereses generados en las cuentas. Ellos declararon que en realidad habían sido destinados a pagar gastos corrientes.

Las investigaciones policiales concluyeron que en 1998 la Junta no avisó a todos los propietarios de que podían cobrar su parte proporcional de la venta.

Los vecinos llevan años pleiteando, a pesar de que la mayoría de ellos carece de recursos económicos. A principios de 2006 el abogado, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ganó una sentencia que reconocía la titularidad de 2.500 metros cuadrados a la familia Sanfiel. Un fallo judicial al que pueden acogerse algunos de los propietarios. En 2008 el Ayuntamiento de Santa Cruz elaboró un estudio que tras analizar una copiosa documentación demostró que 27 de las 32 parcelas habían sido vendidas sin permiso de sus legítimos dueños. O lo que es lo mismo, que el 84,5% de las reivindicaciones estaban fundamentadas. En total, los terrenos cuya propiedad se cuestiona abarcan 44.000 metros cuadrados.

En 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) apunta que ya es imposible devolver los solares dada la transformación que han sufrido a raíz de las obras de urbanización de este entorno. Por ello, los vecinos tiene derecho a ser indemnizados. Posteriormente, este mismo tribunal fijó el valor en 163,23 euros el metro cuadrado. La cantidad desde luego está muy alejada de los 900 que en 2006 pagó la empresa Desurcic, un híbrido formado por ILT y la aseguradora Mapfre, por este mismo suelo. Forzados por las circunstancias judiciales, la Junta depositó en la Gerencia de Urbanismo, alrededor de un millón de euros que se corresponde al valor del terreno cuando se intentó llevar a cabo la expropiación; apenas seis euros por metro cuadrado. Ningún propietario original ha accedido a cobrar de este fondo. En principio se acusa al ayuntamiento de no haber cumplido con su papel de hacer valer la legalidad en la Junta y se le obliga a hacer frente a las indemnizaciones.

Los vecinos de la trasera de Las Teresitas han protagonizado durante años todo tipo de protestas aparte de sus luchas judiciales. En su momento construyeron una caseta de madera en la que se iban turnando para vigilar que las obras para ejecutar una urbanización de 900 viviendas con capacidad para 4.500 personas no entraran en sus terrenos.

La imagen de los vecinos enfrentándose a las palas mecánicas saltó en más de una ocasión a los medios de comunicación nacionales.