"Unos cálculos establecen que en el municipio sobran 260 licencias, pero el estudio presentado hace unos días a la Comisión de Precios plantea la cifra de 396 unidades". Lo afirmó ayer Carmelo Peña, presidente de la UTAT, quien, junto a representantes de colectivos de toda Canarias, registró en la Presidencia del Gobierno la petición, avalada por cientos de firmas, de cese del director general de Transporte, Elías Castro Feliciano, como responsable de "un borrador de cambio de la Ley 13/2007 que pone en peligro la supervivencia del sector".

A la cita acudieron Juan Artiles, dirigente de la Federación Canaria del Taxi (Fedetax) y su vicepresidente, Francisco Cabrera; Paco Reyes, de la Confederación Regional; Víctor Melián, por la Federación del Taxi Islas Canarias; el mencionado Peña; Emilio Davó, de la Cooperativa Hogar del Taxista; José de la Fe, de la Cooperativa de Taxis de Las Palmas; Pepe Juan Acosta, de la Cooperativa San Cristóbal de Las Palmas y, por último Francisco Guanche, de Radio Taxi La Laguna.

"Si el Cabildo puede habilitar 40, 50 o 60 licencias insulares con cuatro horas de ruta diarias, ¿qué hace el titular el resto del día? Esto pone en serio peligro el rescate de licencias que es fundamental para garantizar la supervivencia del sector en Santa Cruz".

"Además de no haberse contado en ningún momento con nosotros para la elaboración de este borrador", pese a que "así lo prometieron el propio presidente, la consejera Chacón y el director general", son varios los puntos de controversia con el texto propuesto.

En primer lugar, "los ayuntamientos pierden control" porque "solo podrán de facto sancionar al taxi de su municipio y no al resto de servicios urbanos con tarjeta de transporte". Resumen: "Cualquiera podrá tener un vehículo y destinarlo a realizar los servicios que hasta ahora hacen los taxis". Además, "no hay justificación para obviar en la Ley la adopción de medidas de control en un territorio con reconocimiento RUP (ultraperiférico)".

Tampoco aceptan "la regulación propuesta para el uso especial porque favorece la libre prestación de servicios con pago individual en puertos, aeropuertos, playas y hoteles". Valoran como "una incongruencia la restricción del transporte turístico en un territorio de claro destino turístico. Pone el transporte turístico en manos de cuatro operadores".

El sector rechaza "la liberalización de la tarifa, que deja de ser obligatoria y hoy es la más barata de todo el estado". O el "transporte a demanda, que favorece los eventuales vehículos sin licencia que se pudieran otorgar por los cabildos para servicios interurbanos".

Para estos dirigentes del taxi , "el borrador refleja un neoliberalismo económico que no se da ya ni en España ni en Europa".

Reunión con Clavijo

Estos representantes del sector del taxi en Canarias han celebrado varias reuniones los últimos días, Artiles calificó de "histórico" el comunicado conjunto "dejando al margen cualquier diferencia". En otro escrito dirigido al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, muestran "la alarma creada" por el borrador y "las gravísimas consecuencias que tendría para el transporte en general y para el subsector del taxi en particular, al que avocaría a la práctica desaparición en Canarias". Por ello han decidido "solicitar una reunión urgente con el presidente para informarle de primera mano del sentir y preocupación de las más de diez mil familias que de forma directa viven de esto".