Una veintena de vecinos de la trasera de la playa relataron ayer cómo se dieron cuenta en el año 2000 de que sus casas habían desaparecido del Registro de la Propiedad y el terreno aparecía a nombre de Inversiones Las Teresitas (ILT). La declaración tuvo lugar en el transcurso de la vista oral por la pieza separada del caso Las Teresitas en la que se acusa a los directivos de la Junta de Compensación de supuesta apropiación indebida y falsificación de documentos.
En el caso de Montaña Morera, un grupo de residentes conocidos como los extranjeros indicó que jamás la Junta contactó con ellos ni los citó para reunión alguna o requirió el pago de cuotas. En 2007 ganaron un contencioso que obliga a que la entidad los cite para escuchar sus argumentos, que pasan por no querer integrarse ni vender sus propiedades. El fallo está en ejecución y hace dos años la Gerencia de Urbanismo convocó a los nuevos componentes y escuchó sus alegaciones. Una de las vecinas presentó un documento firmado por el expresidente de la Junta, José Delgado, en el que se ratifica que su inclusión estuvo motivada exclusivamente para hacer obras de urbanización.
Otro vecino dijo que todo este proceso judicial le había costado ya 25.000 euros. El abogado del asesor de la Junta, Mauricio Hayek, intentó demostrar que no se había llevado a cabo un desalojo; que un contencioso contra el acuerdo del ayuntamiento para ratificar la expropiación de los 70 no había prosperado y que en Urbanismo hay fondos para pagar las ocupaciones. Pero otro vecino, Guillermo Acuña, dijo que se niegan a cobrar, pues se fijan precios de los años 60. El abogado de Hayek también ponía al día a los afectados sobre las cantidades que, según la Junta, valían sus propiedades y apenas superaban los 9.000 euros, en el mejor de los casos.
Manuel Ramos Nieto fue vocal de Santaella, entidad que vendió sus activos a Mar Terre SA. En ambas Hayek figuraba como abogado y convenció a los primeros para vender. Ramos tildó de ridículo el precio, 360.000 euros, y acusó a Hayek de haberse llevado toda la documentación de una caja fuerte de Santaella que pesaba más de mil kilos.
La mayoría de expropiados de Las Huertas desconocía que sus terrenos habían sido ocupados por decisión del ayuntamiento y devueltos al no contar la Junta con dinero para pagarles. Luego fueron vendidos a ILT sin que lo supieran. María Luisa de la Rosa Baute tenía varias propiedades en la playa y dijo que la junta ni contactó ni ofreció dinero. En el 2000 comprobó que sus propiedades estaban registradas a nombre de ILT.
Hubo casos en que se pagó por una parcela y se quedaron con más. Otros indicaron que cuando les devolvieron los terrenos tras la expropiación fallida no se integraron en la Junta al no poder afrontar los pagos. Antonio García dijo que se le expropió, pero nunca le pagaron. El abogado de Hayek informó de que en la Gerencia tenían dinero para cobrar 2.500 euros por sus terrenos, aunque dijo 400.000 euros, seguramente en un desliz, confundiendo euros y pesetas.
Fernaud: "Los porcentajes los fijaban otros"
El secretario de la Junta, Álvaro Fernaud, declaró ayer que los pagos a los miembros se hicieron basándose en los coeficientes que facilitaban el exasesor jurídico, Mauricio Hayek y el presidente, Jerónimo Delgado, acusados, junto al tesorero, Clemente Martín. El documento usado era el proyecto de reparcelación de 1989. Señaló que los cambios de coeficiente se ratificaban por orden de Hayek y el presidente. De ahí que no supiera concretar las variaciones entre el valor de las acciones y el pago según porcentajes, que en el caso de Hayek sumó en una ocasión 12.000 euros de más. Se definió como contable y dijo que siempre se fiaron de la palabra de Hayek y lamentó que hoy deba hacer frente a una multa de 11 millones de euros por fraude fiscal, tras la venta de sus acciones en Playa de Las Teresitas SA. A raíz de eso ha perdido dos pisos, le han embargado la pensión y está a punto de perder su casa. No quiso responder a preguntas de los demás letrados y el fiscal. El presidente se negó a contestar a ningún abogado, incluido el suyo. Y Hayek justificó los cobros de directivos, pese a no tener derecho a remuneración, porque "nos vimos frente a toneladas de herederos y era necesaria la dedicación especial. La junta de delegados facultó para cobrar esas dietas del fondo de maniobra". Solo contestó ayer a su letrado y dijo que llevaron a cabo una remodelación del plan parcial que eliminó medio millón de metros cuadrados de construcciones. Justificó cobrar más dinero que los coeficientes del proyecto de reparcelación al contabilizar los pagos hechos, que en el caso de Mar Terre sumaron 295.000 euros. Dijo que la Junta todavía le debía dinero. Respecto a los propietarios de Las Huertas declaró que cobraron casi todos y el resto tiene consignada una cantidad en la Gerencia de Urbanismo, pero algunos debían pagar cuotas atrasadas. De los extranjeros señaló que, pese a estar integrados en la Junta, no querían cobrar ni entregar parcelas, sino quedarse su casa.