Los peritos de Tinsa que elaboraron la tasación de los terrenos del frente de la playa que en el año 2001 compró el Ayuntamiento de Santa Cruz por 53 millones admitieron que fijaron un precio de 60 millones basándose en los criterios aportados por sus clientes, los propietarios de los terrenos Inversiones Las Teresitas (ILT).

El urbanista Javier Domínguez Anadón, que participa en la causa penal que tiene lugar durante estos días por el conocido como caso Las Teresitas, fue quien les suministró los datos. En el día de hoy la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, intentó desmontar esta tasación por basarse en criterios como que los 179.000 metros cuadrados de aprovechamiento eran totalmente edificables. Todo ello, sin tener en cuenta condicionantes como que un tercio de los terrenos que se iban a vender estaban dentro del dominio público y por lo tanto resultaban inedificables. O también que la moratoria y los estándares turísticos condicionarían en gran manera la construcción del cualquier establecimiento hotelero. En este caso se contemplaba, por ejemplo, la ubicación de cuatro aparthoteles.

En el día de ayer acabó la interpelación de la Fiscalía a los distintos peritos sobre las tasaciones realizadas en su día para cerrar la compra y que variaban desde los 15 millones de la Universidad Carlos III a los 60 millones de Tinsa, 7 más de los que finalmente se pagaron. Los técnicos de esta última empresa admitieron desconocer la autoría de otra valoración hecha en 1998 por CajaCanarias para conceder el crédito a ILT de 33 millones con los que compraron todo el parcelario y que se le atribuye a ellos.

Los peritos del Carlos III tasaron los terrenos en 15 millones al estimar que no resultaría rentable la construcción de hoteles dadas las restricciones que imponía la moratoria y los estándares turísticos. Por ejemplo, las habitaciones apenas podrían medir un máximo de 50 metros cuadrados. En cuanto a la Sociedad de Tasación, los técnicos se reafirmaron en que hicieron una primera valoración que fijó el precio en 45 millones de euros sin tener en cuenta los condicionantes, como les pidió el Ayuntamiento. Por ello, hicieron un anexo en el que el montante bajaba ya a los 18 millones de euros, si se asumían estos.