El exgerente de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín aportó ayer durante la vista oral del caso Las Teresitas un borrador sin firma del convenio de compraventa de Las Teresitas que, según la acusación particular, echa por tierra la versión dada por el exalcalde Miguel Zerolo de que el precio pagado fue resultado de un ultimátum dado por parte de Inversiones Las Teresitas (ILT).

El documento, que no fue aceptado por el tribunal como prueba por dudarse de su veracidad, tiene fecha de 19 de junio de 2001 y por lo tanto es anterior a la reunión celebrada entre Zerolo y el empresario Ignacio González a finales de ese mismo mes, en la que, según el exalcalde, el propietario de los terrenos dijo que su última oferta era 8.750 millones de pesetas. Sin embargo, según el exgerente, "el precio y las condiciones ya estaban fijadas con mucha anterioridad". Por ejemplo, que se abonaría en un primer momento el 60% del dinero y el resto en un plazo prefijado. Otra versión del borrador tendría fecha de principios de julio.

Ayer declararon los miembros de la Gerencia de Urbanismo. El primero en hacerlo fue Martín quien, a preguntas de la fiscal, María Farnés, indicó que en el momento de asumir este cargo ya estaba decidida la compraventa como única fórmula para adquirir los terrenos. Previamente se había descartado la expropiación, la permuta o el traspaso de aprovechamientos.

Pero fue a finales de junio cuando el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, también acusado, le comunicó la decisión de proceder a la compra y confirmó la cifra a abonar.

Sobre "los trabajos" de la exarquitecta municipal Pía Oramas, que valoró los terrenos en 19 millones de euros, dijo que aunque no se incluyeron en el expediente nunca se trató de un documento secreto. "Era un estudio de síntesis en el que se proponía un abanico de valores". Pero, según señaló, la opinión generalizada de la cúpula de Urbanismo era contraria a estas conclusiones y consideraban que no tenían sustento alguno. Oramas dejó claro que ni iba a modificar al alza su valoración ni a suscribir las realizadas por las otras entidades.

A Martín no le extrañó que se recurriera a empresas externas para realizar más tasaciones, una de las cuales, la de Tinsa, valoró los terrenos en mil millones de pesetas más de las pagadas. Otras como las de Pool Guest, el anexo de la Sociedad de Tasaciones o el de la Universidad Carlos III lo fijaron en 3.000 millones. Pero las de menor cuantía nunca las llegó a ver.

Durante la vista oral tuvo acceso al conocido como anexo B de la Sociedad de Tasaciones que fija el precio según determinados condicionantes como el deslinde de Costas, la moratoria o estándares turísticos. De esta manera se pasa de los iniciales 41 millones a los 19, lo que calificó de "absolutamente impropio para una empresa con credibilidad". Desde el momento que se fijó la compra y su valor todas las gestiones pasaron a manos del ayuntamiento.

Un deslinde fijado en "opiniones verbales"

La adquisición por parte del ayuntamiento de un tercio de los terrenos que se correspondía a suelo propiedad de la Dirección General de Costas se hizo basándose en un deslinde resultado de "opiniones verbales y notas sin firma". Tras la sentencia de 1998, se entendió que la línea debía transcurrir a lo largo del muro, con lo que quedaban fuera los 41.000 metros cuadrados comprados en 2001.

Según el exgerente, "la opinión casi al 100%, es que la sentencia fijaba que la línea debía coincidir con el muro. Así lo asumimos todos". Incluso el jefe de Costas de aquellos momentos sostenía este punto de vista pese a que desde los Servicios Jurídicos se advirtió que un deslinde se fija por orden ministerial, no por sentencia. El tiempo le dio la razón porque tanto la nueva delimitación de 2009 como la que se está tramitando ahora incluye los terrenos comprados como suelo de Costas.

También declaró el exsecretario Víctor Reyes, quien solo respondió a las preguntas de su propio abogado. Indicó que, como mucho, le habían asegurado que los terrenos de Costas adquiridos sumarían 9.000 metros cuadrados. Dijo que tanto el precio como la forma de pago se la confirmó en un momento dado el exconcejal de Urbanismo. Reyes y el exresponsable de los Servicios Económicos, Javier López de Vergara, fueron los encargados de realizar un documento que venía a sustituir a la preceptiva tasación de Oramas ya descartada.

El exsecretario minimizó su participación en este documento y afirmó que se había limitado a aportar "pequeñas partes". También se atribuyó la responsabilidad de descartar en su momento la expropiación. Pese a que Oramas le atribuye haberle presionado para que variara su tasación, aseguró que jamás conoció este trabajo y que tampoco se había reunido con los antiguos propietarios.

La anécdota la puso el exalcalde Miguel Zerolo cuando se levantó y denunció ante la Sala los comentarios que estaba oyendo por parte de los periodistas y los tuit que alguno de ellos lanzaban y que consideraba despectivos hacia su persona. "El problema es que me pongo nervioso y no puedo escuchar. Voy a tener que pedirle al médico que me recete Tranquimazín o si no les pediría que me cambien de sitio".