El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido los recursos presentados por el presidente y el tesorero de Playa de Las Teresitas SA, Jerónimo Delgado y Clemente Martín, respectivamente, en contra de dos sanciones de once millones cada una por fraude fiscal. En concreto, el Tribunal detecta una "insuficiente justificación de especial trascendencia constitucional", para entrar a estudiar las apelaciones.

En el caso de otro de los exadministradores de la entidad, Joan Bagué, ya fallecido, se ha emitido una sentencia a través de la cual se declara que ha sido vulnerado el derecho fundamental de amparo a la tutela judicial efectiva. Por tanto, se determina la obligación de restablecerla y declarar la nulidad del fallo emitido en su día por el Tribunal Supremo que ratificó en su momento otra multa por igual importe e idénticos motivos.

De esta manera, el Constitucional obliga a retrotraer las actuaciones al momento "inmediatamente anterior" al pronunciamiento de las resoluciones para que el Tribunal Supremo dicte a su vez una nueva que sea en este caso "respetuosa" con el derecho fundamental que se considera vulnerado. No obstante, dos magistrados formularon un voto particular al no estar de acuerdo con el contenido del fallo. La imposición de las sanciones multimillonarias tiene su origen en que Playa de Las Teresitas SA no abonó en 1998 el impuesto de sociedades, cuando vendió los terrenos a Inversiones Las Teresitas (ILT), sino que sus integrantes lo declararon como incrementos de patrimonio personales. La directiva de la empresa era la misma de la Junta de Compensación, llegó a poseer más de 59% de los solares y recibió 18,5 de los 33 millones pagados por los empresarios de ILT, Ignacio González y Antonio Plasencia.

La Audiencia Provincial ha emitido una sentencia que condena por apropiación indebida al asesor de la Junta y de Playa de Las Teresitas SA, Mauricio Hayek, a tres años y medio de cárcel, a un año al presidente y a diez meses al tesorero, además de obligarles a abonar cantidades que suman cerca de dos millones. Precisamente, todos ellos pidieron sin éxito que se esperara a la resolución de la vista oral antes de que la sanción por fraude fiscal fuese firme.

Durante el juicio, Martín declaró que por esta sanción había perdido dos viviendas, estaba a punto de quedarse sin la casa en la que vive y tiene la pensión embargada.

Después de la venta, la Agencia Tributaria detectó diversas irregularidades y decidió iniciar una inspección que concluyó con que cada uno debía pagar 6,2 millones en concepto de impuesto de sociedades, más 4,7 como sanción.

Los sucesivos fallos dejan claro que antes de 1998, "Playa de Las Teresitas SA era la propietaria de los terrenos, aportados previamente por sus socios a título de dominio e incluidos en la Junta de Compensación". La razón por la que se creó la entidad era vender las parcelas ya que las juntas solo tienen competencia para realizar obras de urbanización.

Mismos argumentos

Todos los implicados plantearon ante los tribunales los mismos argumentos descartados a su paso por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como la supuesta demora de las labores de inspección, que no ostentaban estos cargos de hecho, la quiebra de principios constitucionales o la incompetencia de los órganos que dictaron la resolución. El Tribunal Constitucional, sin embargo, abre ahora una posibilidad para los herederos del fallecido Joan Bagué y pide que el Supremo revise su caso. En su defensa los tres directivos plantearon que el dinero fue abonado directamente a los socios, por lo cual eran estos los que tenían que declararlos como incrementos del patrimonio, o que la entidad fue inmediatamente disuelta tras la venta.