El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo utilizó el derecho conocido como última palabra para quejarse de que lleva "doce años cumpliendo pena en el banquillo" por su involucración en una trama cuyo origen, según señaló, era "político" y dijo se debía a las disputas internas del Partido Socialista Canario-PSOE.

El exalcalde utilizó la última posibilidad que tienen los acusados de plantear sus argumentos en contra del criterio de su abogado, quien le advirtió que su intervención solo le iba a servir para complicarse y que no tenía ningún sentido explicar lo que está sintiendo.

Pese a ello, Zerolo se quejó en voz alta de las consecuencias que en la plano personal ha significado esta investigación policial. Recordó que a su mujer la obligaron a declarar, después de negarse a hacerlo en dos ocasiones, y subrayando, además, que se da el caso de que es la única comparecencia que no está grabada.

También se refirió a que a su padre, que padece problemas auditivos, lo citaron en sede judicial o las dificultades que ha debido afrontar para integrarse en el mercado laboral. "Y todo esto ha sido, simplemente, porque dicen que el ayuntamiento, por motivos políticos y electorales, compró unos terrenos por encima de su valor real".

Zerolo denunció sentirse impotente para demostrar su inocencia, pese a que tras ser inspeccionado por Hacienda e investigado por policías estatales que contaron con una infinidad de medios, "todavía no sé de qué se me acusa; en el sumario no he visto una línea que diga que fui desleal, cuando simplemente intenté dar respuesta a lo que el pueblo pedía", que no era otra cosa que impedir construcciones en el frente de la playa. "En esos 80.000 folios no existe ni una sola prueba de que me haya concertado con nadie o que conocía los informes. Soy inocente y no hay indicios para que se me pueda acusar de nada".

Volvió a defender la conveniencia de la compra, por cuanto sostiene que se pagó un precio adecuado si se tiene en cuenta la venta cinco años después a Mapfre de 120.000 metros cuadrados en Las Huertas por 94 millones, mientras el Ayuntamiento desembolsó 53 por 164.000 metros cuadrados. Además, argumentó que se dio la posibilidad a la Corporación local de hacerse con una parcela hotelera que se iba a subastar por un precio inicial de 30 millones.

Pese a todo lo ocurrido, el exalcalde cree que ha sido "respetuoso" con la investigación de la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, pero descartó el argumento de que la operación de compraventa se realizara por motivos electoralistas. "No hacía falta y tampoco tendría sentido hacerlo por unanimidad. Soy inocente, igual que los demás acusados".

Zerolo, para quien la Fiscalía pide 8 años de cárcel, fue el último en intervenir en esta macrocausa que ha sentado en el banquillo durante 37 días a 13 acusados, de los que dos quedaron absueltos; el exinterventor, Antonio Messía, y el exsecretario, José Eugenio de Zárate.

Rechazan la responsabilidad civil

Francisco de Asís Hernández, abogado de Promotora Victoria, y Juan Segarra, letrado de Inversiones Las Teresitas (ILT), coincidieron ayer en manifestar que no entendían por qué se les ha involucrado en esta causa.

En el primer caso, porque considera que Promotora Victoria es un tercero de buena fe, de manera que no comprende la razón que mueve al ayuntamiento a solicitar la devolución del dinero pagado, los intereses, quedarse con los terrenos y además mantener la propiedad de la parcela hotelera. Por este motivo solicita que se rechace la responsabilidad civil que exige la Corporación local y añade, además, que la administración local sea condenada en costas por temeridad.

El abogado de Promotora Victoria recordó que la cesión de terrenos por medio del convenio de 1967 quedó anulada por otro acuerdo suscrito en 1986 y consideró que no era obligatoria la cesión del 10% , tal y como apoyan informes del ayuntamiento. La transferencia de aprovechamientos que la Corporación local cifra en 9 millones, según este abogado, es imposible porque en realidad pertenecían a la Junta de Compensación.

Por su parte, Juan Segarra señaló que la compensación por reasignación a Las Huertas hubiese dado lugar a una elevada volumetría. La permuta por otro solar se descartó, según dijo, porque no se ofreció la misma cantidad de metros cuadrados y más inviable resultaba la expropiación, en cuanto no iba a implicar ningún beneficio añadido, sino más bien todo lo contrario.

Ambos letrados esbozaron la teoría de que el deslinde de costas, vigente desde 1961, debía discurrir a lo largo del muro porque "ese era el criterio de varios técnicos" después de la sentencia de 1998. En cualquier caso, el letrado de ILT defiende que la administración está obligada a indemnizar a los compradores.

Sobre la imposibilidad de edificar en pendientes indicó que bastaba con construir muros de contención y sostuvo que los estándares turísticos no son de aplicación, al igual que la moratoria. En cuanto al cuestionamiento del Ministerio Público sobre las tasaciones señaló que "la fiscal entró a matar, pero pinchó en hueso" y criticó que el ayuntamiento les exija 87 millones de compensación cuando la Fiscalía tan solo reclama 39 millones.