La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife investiga una presunta prevaricación administrativa por parte del ayuntamiento, que tendría su origen en la inacción de los distintos responsables municipales a la hora de clausurar los quioscos de Las Teresitas. Según sostiene la Fiscalía, estos establecimientos han venido funcionando de forma supuestamente ilegal al no contar con ningún tipo de licencia que ampare su actividad.
El primer testigo llamado a declarar ha sido el actual concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, quien ayer compareció ante el Juzgado de Instrucción número 4, en el que apenas permaneció durante una hora, entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana. El edil dio cuenta de las acciones que ha llevado a cabo desde que ocupa este cargo para legalizar estos establecimientos para intentar demostrar que por su parte no ha existido inacción alguna. Ahora se abre la posibilidad de que durante las próximas fechas tengan que comparecer los sucesivos ediles de Urbanismo y Obras y no se descarta que algunos de ellos lo hagan ya en calidad de investigados. Garcinuño espera que sus explicaciones hayan sido "suficientes" para no ser llamado a comparecer de nuevo, esta vez como imputado.
Según fuentes de la Fiscalía, en realidad, las investigaciones no se iniciaron por la situación legal de los quioscos, sino por un supuesto delito contra el medio ambiente. Pero a lo largo de la tramitación surgieron evidencias de que se estaba ante una presunta prevaricación administrativa, de la que podrían ser responsables, entre otros, los anteriores concejales de Urbanismo, Manuel Parejo, Luz Reverón y José Ángel Martín.
El abogado Felipe Campos, que representa a los propietarios de los chiringuitos, no pudo estar ayer presente en el interrogatorio por encontrarse fuera de la Isla. No obstante, considera que la causa no va a tener demasiado recorrido, "porque se basa en un presupuesto falso como es que estos negocios están llevando a cabo una actividad clandestina. La mejor prueba es que pese a la continua presión no han conseguido cerrar ni uno de ellos". Campos indicó que todos los establecimientos han tramitado su expediente para contar con licencia de apertura y de hecho llevan desde hace casi cuatro décadas pagando el correspondiente impuesto. "Otra cosa es que el ayuntamiento los haya perdido o los esté escondiendo pero el hecho es que existen".