"La Fiscalía manifiesta, de forma clara y contundente, su frontal oposición a la personación como perjudicado". Así de claro se expresa el Ministerio Fiscal, en relación con el escrito presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el que solicitaba personarse como parte perjudicada en el conflicto abierto por el cierre de los quioscos de la playa de Las Teresitas.
En una providencia remitida por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción Número 4, el fiscal indica que en el escrito presentado por la Corporación local "no se argumenta de forma mínimamente convincente" su condición de perjudicado.
Más bien, señala el fiscal, "en el documento que se acompaña se expone que significándole que la información que se recaba resulta precisa su recepción a fin de ser valorada previo a la declaración del concejal actual de Urbanismo, y esta afirmación exige que por la Fiscalía se aporten dos motivos para oponerse".
Por un lado, el Ministerio Fiscal indica que si lo que pretende el ayuntamiento es "tener información sobre los hechos", sería suficiente con acudir a los propios informes que desde el propio ayuntamiento se han remitido al juzgado.
¿La razón? "Es el propio ayuntamiento el que en sus sucesivos expedientes remitidos al juzgado reconoce que ni los quioscos tienen licencia, ni se ha realizado ninguna actuación al respecto, siendo plenamente consciente de esta ilícita situación", subraya la Fiscalía.
Y, por otro, los servicios jurídicos municipales tienen una visión "algo distorsionada" de la posición procesal de un testigo en el proceso penal, pues la documentación o cualquier otra diligencia de investigación "es esencial" que se dé al investigado.
No obstante, el argumento del Ministerio Fiscal para justificar el rechazo al intento de personación del consistorio va aún más allá. "No parece viable desde el punto de vista jurídico, y menos aún desde el sentido común, que el ayuntamiento, frente al que se puede dirigir el procedimiento, intervenga como perjudicado, pues no se debe olvidar que el hecho delictivo investigado se comete en el seno de la Corporación local, y sería difícilmente comprensible que a quien comete el hecho criminal se le considere además perjudicado", sostiene el fiscal.
Y añade: "Esto es una matización ante una eventual imputación que pudiera ir dirigida a los distintos responsables de las parcelas administrativas donde debieron adoptarse las resoluciones oportunas y no se acordaron, e, incluso, ante una hipotética, aunque no lejana, dirección del proceso frente al alcalde-presidente".
"Pues no se sabe con precisión quién era el responsable de las distintas áreas, pero de lo que no queda ninguna duda es que el alcalde conocía y consentía esta situación de manera permanente", concluye la Fiscalía.