El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Garcinuño, confirmó ayer que se ha paralizado el precinto de los cinco quioscos de Las Teresitas sobre los que ya existe un auto de cierre, hasta tanto se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por el abogado de la asociación que los representa el pasado 30 de noviembre.

Hasta ahora, desde la Gerencia de Urbanismo se había argumentado que no había constancia oficial de ese recurso. Es más, ha estado a punto de ordenar el precinto de los chiringuitos en dos ocasiones.

"Cuando el juzgado que está centralizando este recurso diga lo que tenemos que hacer, lo haremos, porque el siguiente paso, si el recurso es desestimado, ya no es suspensivo", advirtió Garcinuño, quien remarcó que seguirán "con la legalidad por delante". "No queremos fastidiar a nadie, pero no vamos a dejar de actuar con la legalidad", añadió.

Las afirmaciones del concejal de Urbanismo se produjeron al término de la comisión de control de ayer, en la que compareció a petición de Ciudadanos (C''s) para explicar las causas que han provocado que el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz rechace la personación del consistorio como parte perjudicada en el conflicto de los quioscos.

El edil aseguró que "oficialmente" Urbanismo no tiene esos documentos, porque no es la que ha pretendido la personación, y recordó que ha sido citado a declarar como testigo por un presunto delito de prevaricación administrativa "por la ausencia de hechos y actos teniendo conocimiento tanto los responsables políticos como los funcionarios" desde 2011.

Garcinuño consideró "lógico" que se rechace la personación del consistorio al ser el "perseguido", y sentenció al respecto que le "sorprende" la costumbre que tiene ahora el ayuntamiento de personarse en todo, "cuando no lo hizo en la causa más importante", en referencia al caso del "mamotreto".

La oposición, por el contrario, mostró su apoyo a los propietarios de los establecimientos de la playa. "La situación crea inseguridad", dijo Antonio Blanco, de C''s, mientras que Ramón Trujillo, de IU, consideró que cuando hay "voluntad política" se busca una salida a los problemas. También señaló como principal responsable de la situación al alcalde, José Manuel Bermúdez. "Es casi una persecución", dijo.

En esta línea, Pedro Fernández Arcila, de Sí se Puede, defendió que hay "salidas legales" para los chiringuitos, como la tramitación de una licencia provisional hasta que se resuelva el Plan Especial de Las Teresitas. Es más, pidió que cuando se vuelva a subastar los quioscos, "en ese nuevo escenario", se establezcan "criterios que baremen de manera preferente" a los actuales dueños.

"Los expedientes de disciplina llevan todos el trámite que llevan. Sin prisa, pero sin pausa. Tendrán que responder los anteriores si hubo o no alguna orden paralizando los expedientes", respondió Garcinuño, quien reconoció que, "durante años", se ha producido una actuación "negligente" del ayuntamiento.

"Me he reunido con Costas y tenemos preparada la reubicación, pero no es competencia de Urbanismo el sacar esos quioscos a concurso, de manera provisional y cumpliendo la normativa", sostuvo.

A la cita de ayer en el ayuntamiento acudieron los quiosqueros, que aprovecharon para solicitar una "reunión urgente" con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el resto de ediles con competencia en la materia: el citado Garcinuño, José Alberto Díaz-Estébanez (Infraestructuras) y Carlos Correa (Medio Ambiente).

Escolta policial para la línea 934 de Titsa

Las guaguas de la línea 934 de Titsa, que opera en Añaza, va acompañada en horas de tarde-noche por un servicio especial de la Policía Local de Santa Cruz.

Así lo confirma el subcomisario del Cuerpo Local, Bienvenido Onrubia, en una respuesta remitida al grupo municipal socialista, que se había interesado por esta cuestión, después de que conductores de esta línea sufrieran varias agresiones los días 4 y 5 de enero. Según precisa el mando policial, el acompañamiento de los agentes locales se viene realizando desde el día 5 de enero, justo un día después de que los afectados denunciaran los hechos en la comisaría Tenerife Sur del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

No obstante, aclara Onrubia también que se están haciendo "gestiones" con la Policía Nacional, que tiene la competencia de garantizar la seguridad ciudadana, "para que realice las actuaciones necesarias dirigidas a descubrir e identificar a los culpables y garantizar la seguridad de las guaguas".

Por otro lado, y en otra respuesta al grupo Socialista sobre la quema de contenedores en El Pilarito, el subcomisario de la Policía Local aclara que este tipo de hechos no solo se produce en este punto del municipio.

"Los hechos no siguen un patrón definido, lo que hace que sea más difícil descubrir y detener a los autores de estos hechos", reconoce Onrubia, quien avanza que la Policía Local ha establecido "dispositivos policiales específicos" para la quema de contenedores que han dado como resultado la detención de dos pirómanos en 2015 y uno en 2016.

Contrato con Urbaser

El director general de Servicios Públicos, Juan Domingo Cabrera, defendió ayer que la continuidad del contrato a Urbaser para la prestación de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad hasta el 31 de octubre ha cumplido todas las previsiones legales y cuenta con los informes favorables de la Intervención General y de la Dirección General de Hacienda municipales. Respondía así en una comparecencia solicitada por Sí se Puede, cuyo portavoz, Pedro Fernández Arcila, criticó los retrasos en la elaboración de los pliegos del nuevo contrato. "Esta renovación se puede equiparar a una adjudicación directa", dijo. Cabrera avanzó que el expediente con los nuevos pliegos ya está terminado y tramitándose dentro de los correspondientes servicios. "Estimamos que a lo largo de febrero pues estar el expediente de contratación", indicó. También detalló que el beneficio que obtendrá la empresa adjudicataria será del 6% industrial que se recoge en todos los contratos públicos. El servicio se adjudicará por unos 200 millones.

El alcalde divide al taxi

Juan Domingo Cabrera fue también el encargado de responder en la comparecencia solicitada por el PSOE para abordar la situación del taxi en la capital. El director general de Servicios Públicos defendió el "diálogo constante" con el sector y las actuaciones que ha llevado a cabo el ayuntamiento en asuntos como el rescate de licencias. La oposición, sin embargo, centró sus críticas en el alcalde, José Manuel Bermúdez, al que acusaron de "intentar dividir" a los diferentes colectivos. Pedro Arcila (SsP) dijo que "echa en falta" un liderazgo en este tema, mientras que Antonio Blanco, de C''s, pidió "más implicación" del ayuntamiento para solucionar los problemas del sector.

Parquin avenida de Anaga

En una respuesta por escrito al concejal de IU, Ramón Trujillo, el edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, detalla que la concesionaria del parquin de la avenida de Anaga ha pagado en concepto de canon 7.847 euros por los años 2013, 2014 y 2015. En cuanto al valor nominal del suelo ocupado, Arteaga dice que no se dispone de dicha información, pero hecha la consulta al Servicio de Gestión Tributaria se informa que el valor catastral correspondiente a dicho inmueble asciende a 2,03 millones.