La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio cuenta ayer del rechazo por parte de sus servicios jurídicos de los recursos de reposición presentados por los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor y los exfuncionarios Loreto Ariz y Epifanio Gómez, condenados por el caso Mamotreto a diversas penas de cárcel e inhabilitación. Los recursos van en contra de los acuerdos adoptados a finales de año por este mismo organismo para derribar el edificio.
Los condenados argumentaron, sin éxito, que la orden de demolición y su correspondiente convocatoria de concurso implicó que se vulneraran sus derechos. A la vez también denunciaron errores en la tramitación del expediente, hasta el punto de considerar que debía declararse su nulidad. Los condenados sostienen que se han incumplido los trámites administrativos de manera que si el juzgado y la Audiencia Provincial, a donde también han sido remitidos los recursos, paralizan el derribo se tendrá que iniciar de nuevo la licitación.
Los recurrentes defienden que se podía incurrir en una posible prevaricación dado que la ejecución de la sentencia penal solo podía corresponder a este ámbito, por lo que restaba competencia al ayuntamiento para llevar a cabo el derribo. Pero ya los tribunales habían advertido de que este contencioso se encuadra en el ámbito penal y que Santa Cruz está obligado a colaborar en su cumplimiento.
La Corporación local descarta otros argumentos como que el ayuntamiento no ha sido parte en el proceso penal, "por lo que no era sujeto obligado a la ejecución" y que el incumplimiento del deber de colaboración generaría una corrección disciplinaria impuesta por la propia Administración. Desde el ayuntamiento se interpreta que los recursos rechazados forman parte de la estrategia diseñada por los condenados que hasta ahora ha fracasado.
Los acuerdo impugnados, en concreto, se refieren al 21 de noviembre del año pasado, momento en el que la Junta de Gobierno municipal aprobó la convocatoria del correspondiente concurso para determinar qué empresa se iba a encargar de las labores de demolición. Resultado del mismo es que fueron dieciséis las entidades que han pujado para llevar a cabo estas labores. De ellas una ha sido ya descartada por presentar una baja temeraria y a otras tres se les ha requerido que expliquen en qué se basan sus propuestas que de ser viables resultarían ventajosas para la administración.
Las previsiones son que a lo largo de esta semana o la próxima se pueda determinar ya el ganador. El presupuesto asciende a 540.000 euros y el plazo de ejecución suma los 6 meses. Curiosamente, de forma paralela el ayuntamiento trabaja en la línea de que los tribunales amparen el encaje del edificio en el plan especial.