La gestión del agua volvió a generar ayer discrepancias entre el grupo de gobierno de la capital tinerfeña (CC-PP) y Sí se Puede, esta vez a cuenta de la interpretación de una sentencia sobre Emmasa. Para el ayuntamiento, el fallo judicial da la razón al consistorio en la intervención que realizó en su día de la empresa mixta de aguas, pero para el grupo de la oposición es una razón con tantos matices que avalarían su petición de resolución del contrato con Sacyr-Vallehermoso para la prestación del servicio público de agua.
La sentencia, que no es firme y, por tanto, puede ser recurrida, la dictó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife el 9 de enero -aunque el consistorio la recibió el pasado 8 de febrero- y responde al recurso que había presentado Sacyr cuando el ayuntamiento intervino Emmasa. Ayer la dieron a conocer, en rueda de prensa, el portavoz municipal de Sí de Puede, Pedro Fernández Arcila, y la concejal Asun Frías.
El juez avala la decisión del consistorio de intervenir el contrato y su prórroga, pero no el alcance de atribuciones conferido al interventor. Si bien le reconoce las atribuciones de naturaleza informativa, rendición de cuentas, proposición, decisorias de resolución de subcontratos que incumplan los pliegos y de hacer planes de inversión, rechaza las facultades de contratación de prestaciones accesorias.
A juicio de Arcila, el fallo judicial "desmonta" la tesis del interventor designado por la Junta de Gobierno -Rogelio Padrón- para evaluar la situación y de los peritos de Sacyr y Emmasa, y avala el informe de los Servicios Jurídicos municipales "que siempre consideraron que las subcontrataciones estaban incumpliendo el pliego del contrato".
También llamó la atención sobre otro aspecto: la sentencia establece que se han realizado subcontrataciones con empresas del accionista dominante, Sacyr-Vallehermoso, que, además de "perturbar gravemente la relación concesional", es una figura de contratación que "impide a otras empresas una concurrencia competitiva en las subcontrataciones, además de no haber pedido la autorización previa del ayuntamiento".
Por ello, señaló que "ahora que una sentencia concluyente avala el parecer de los servicios técnicos municipales, lo que procede es la resolución del contrato", una de las dos penalizaciones que se contemplan para las irregularidades detectadas, junto al pago de 450.000 euros.
En esta línea, su compañera Asun Frías avanzó la adopción de dos medidas políticas y una judicial por parte de su grupo: la petición de la elaboración de un nuevo informe por parte de una persona distinta al interventor designado anteriormente por la Junta de Gobierno; la incoación de nuevos expedientes a las empresas subcontratadas por Sacyr y la entrega de la información al Juzgado de Instrucción número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, que está llevando las irregularidades de Sacyr en Santa Cruz en materia de gestión del servicio público de agua.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, valoró que la sentencia "confirma" que no se equivocaron cuando, "lejos de esos planteamientos arriesgados que nos proponían en forma de resolución del contrato, optamos por la vía de la prudencia y de la intervención".
Además, recordó que el proceso de intervención "ha sido realizado, desde 2014 y por un periodo de varios meses, por los técnicos municipales. "De los resultados del mismo se desprenderá si la empresa es sancionada o no por los incumplimientos que determinaron su intervención. Hay que dejar trabajar a los técnicos hasta que nos presenten las conclusiones definitivas sobre este tema", sostuvo.
Emmasa recurre el fallo
Fuentes de la Emmasa confirmaron ayer que han recurrido la sentencia, que concluye que fue procedente el inicio de la intervención. "Esta tuvo carácter temporal, ya finalizó y de ella se derivó la creación de una comisión de seguimiento integrada por miembros de Emmasa y del ayuntamiento, en la que se abordan los asuntos de interés vinculados a la gestión del ciclo integral del agua en el municipio", aclararon esta fuentes. En esta comisión, añadieron, se mantiene una "comunicación fluida" entre la empresa y el consistorio, es decir, que Emmasa "proporciona" al ayuntamiento "toda la información y documentación" que se precisa en cada momento.
Respaldo al consistorio
El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, sostuvo que la sentencia "no habla" de si lo que hizo o no el interventor está bien. "Lo desconoce", sentenció. "Que cuestionen ahora el proceso de intervención está fuera de lugar", indicó Arteaga, quien precisó que "cada una de las medidas que se tomen por parte del ayuntamiento deben derivarse de los expedientes administrativos". Incidió en que el fallo judicial "no pone en cuestión" la designación de un interventor que ha hecho un trabajo, y mostró su extrañeza por que Sí se Puede "no nos felicite", porque el fallo respalda el trabajo del ayuntamiento. El edil subrayó que, según establece la sentencia, "no pueden" constituirse en administradores de la empresa, "posición que ha mantenido SSP desde el minuto cero".