Después de casi tres décadas de batallas judiciales, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno ha determinado que la compañía Cepsa no tiene derecho a reclamar la indemnización de 31 millones de euros por no poder ejecutar una estación de servicio en Cabo Llanos, que había sido autorizada por el ayuntamiento. Y ello es así debido a que la empresa no llevó a cabo las cesiones urbanísticas obligatorias del 10% de aprovechamiento, si bien es cierto que estas no fueron contempladas en el convenio suscrito en su día sobre los más de 368.000 metros cuadrados de edificabilidad máxima.

De hecho, si se lleva a cabo la correspondiente suma y resta el resultado saldría a favor de la Gerencia de Urbanismo. De esta manera el último fallo, que ya lo ha recurrido la compañía petrolera, viene a certificar que Santa Cruz no tendrá que desembolsar la que hasta ahora era la indemnización más elevada a la que tenía que hacer frente. Si no se tiene en cuenta, eso sí, la reclamación de Inversiones Las Teresitas (ILT) por la anulación de la compraventa de los terrenos de la playa, que asciende a 116 millones.

La última sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reflejaba que la ciudad renunció al 10% de cesiones a las que estaba obligada Cepsa. Este paso supuso pérdidas millonarias para las arcas municipales que se cuantificaron en 1,4 millones. En 2014, la Gerencia de Urbanismo cifró en 517.348,24 euros el daño causado a Cepsa por haber cedido anticipadamente cinco parcelas a la ciudad. Por su parte, la industria calculó este perjuicio en algo más de seis millones. El ayuntamiento logró demostrar que el suelo era urbano no consolidado, tal y como ratificó una sentencia del Tribunal Supremo (TS) en 2012. Por lo tanto, con este régimen urbanístico en la mano era obligatorio llevar a cabo las cesiones del 10%.

El origen del conflicto se sitúa a finales de los 80 del pasado siglo cuando la Refinería y el ayuntamiento firmaron un convenio para la cesión de casi 400.000 metros cuadrados en Cabo Llanos.

Una de las cláusulas recogía que Cepsa podía situar una gasolinera en una parcela frente al Parque Marítimo y junto al recinto ferial. Finalmente se frustró la iniciativa, ya que los terrenos son de dominio público, propiedad del Cabildo, y la explotación se hubiese tenido que otorgar a través de un concurso, siempre y cuando quedara justificado el interés general, extremo este último que resultó inviable.

A partir de ese momento se abrió una guerra judicial entre la Refinería y el consistorio que dura ya tres décadas. En un principio Cepsa pidió que se le compensara con 31 millones apelando al lucro cesante, lo que fue rechazado por los tribunales en 2005.

El fallo judicial de 2013 abría la puerta a que la industria recibiera otro tipo de compensaciones. Desde entonces se ha intentado dar cumplimiento a esta sentencia en dos ocasiones y en otras tantas Cepsa logró paralizarla. La industria no está de acuerdo con el papel que se le da a Urbanismo como encargado de certificar si la imposibilidad de ejecutar este acuerdo supone un perjuicio claro y constatable para la compañía. El Consejo Consultivo de Canarias también se puso del lado del ayuntamiento y consideró que la industria ha sido ya compensada por medio de diversos beneficios urbanísticos.