El informe anual del Defensor del Pueblo recoge en 2016 "la actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dado que existían más de 6.000 expedientes pendientes de resolución en la Gerencia de Urbanismo, muchos de ellos sobre licencias".

El documento especifica que "el ayuntamiento admitió la existencia de esos miles de expedientes desde 2014 y anunció la intención de aprobar una nueva ordenanza con el fin de simplificar los trámites".

Las actuaciones de vigilancia finalizaron "al constatar que se estaban adoptando las medidas para solucionar el problema. Entre otras, una reorganización administrativa en la Gerencia y la puesta en funcionamiento de la administración electrónica. Esta institución sugirió al ayuntamiento que continuase trabajando en la línea apuntada".