Los trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) comenzarán la próxima semana a llamar a las 1.112 personas que solicitan esta ayuda por primera vez. Se trata de un equipo de diez personas que se incorporaron el 7 de febrero a las UTS, cuya primera misión ha sido poner al día las renovaciones pendientes de la PCI.

En total, son siete trabajadores sociales y tres auxiliares administrativos, cuya prioridad ha sido realizar las renovaciones de aquellas personas que ya estaban cobrando la prestación para evitar el corte o suspensión del pago de la misma, y ahora se pondrán al día con estos nuevos solicitantes. Hay que recordar que la PCI se solicita por un año, se puede renovar por idéntico periodo y que, si bien la abona el Gobierno de Canarias, los trámites corresponden a los ayuntamientos.

El concejal de Atención Social, Óscar García, recordó que "la PCI debería conllevar la transferencia de fondos suficientes por parte del Gobierno regional como para poder ser tramitada por las corporaciones locales en los términos que marca la ley, pero realmente no ocurre así, y los fondos son manifiestamente escasos, si bien consta el interés de la Consejería de Asuntos Sociales para intentar buscar una solución".

Desde 2012, los fondos que aporta el Gobierno de Canarias "no han hecho más que descender, y de los 382.929 euros de aquel año hemos pasado a los tan solo 172.433 actuales", dijo García. "Para compensar este déficit, el ayuntamiento tiene que aportar 126.849 euros de fondos propios, y aun así es muy difícil contar con una plantilla suficiente que nos permita gestionar la PCI, por lo que hemos tenido que priorizar las renovaciones y que nadie se quede sin la ayuda que percibió el año pasado", añadió.

En este sentido, avanzó que el pasado 8 de febrero "transmitimos nuestra preocupación por el asunto a la directora general de Servicios Sociales, le planteamos la necesidad de contar con más presupuesto para poder contratar a más personal y le explicamos la imposibilidad de poder realizar en las condiciones actuales todas las tareas que lleva aparejada esta ayuda en materia de promoción e inclusión social de las personas perceptoras".

342 PEAS para personas con discapacidad en 2017

El IMAS prevé tramitar a lo largo del año 342 expedientes para la concesión de prestaciones económicas de asistencia social (PEAS) a personas con discapacidad, formuladas durante el ejercicio 2016. Ya se han pagado por este concepto 82 prestaciones, y otras 119 cuentan con informe propuesta para su concesión. Tan solo cuatro de las peticiones formuladas han sido denegadas. El concejal de Atención Social, Óscar García, manifestó que "durante al año pasado abonamos un total de 198 ayudas por este concepto, que supusieron un total de 160.868 euros". Para el ejercicio 2017 se ha incrementado la partida con que cuentan estas ayudas, que asciende a 320.000 euros.