"Nunca voy por allí, pero ese día, un lunes en plena época navideña, tenía un cumpleaños en el sur y bajé para seguir por la autopista. El cumpleaños me salió bastante caro". Tanto como 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir. La de este pequeño empresario, al que llamaremos Juan, es una de las historias que se esconden detrás de las 3.500 sanciones impuestas -entre noviembre de 2016, cuando se instaló, y marzo pasado- por el Área de Seguridad Vial del Ayuntamiento de Santa Cruz por saltarse en rojo el semáforo dotado con cámara de vídeo vigilancia ubicado en la carretera general de El Rosario a la altura del barrio de Miramar, en Ofra.
Juan recurrió porque entonces y ahora "me parece algo injusto y con afán recaudatorio como demuestra que hayan ido tan rápido porque en cuatro meses se ha acabado todo el proceso administrativo. Desde los propios sindicatos de la Policía Local me dijeron que lo hiciera porque era ilegal. Estaba en ámbar y se puso en rojo en segundos. No estoy de acuerdo porque yo no cometí ninguna infracción".
Esta tesis responde a algunas sentencias de tribunales en la Península que han resuelto en contra del sistema "por la supuesta falta de homologación del aparato que registra la infracción". De hecho, apunta Juan, "no me han dado ninguna prueba de que la hubiera cometido", en este caso en horario nocturno. Desde Seguridad Vial, por contra, tienen muy claro que, tal y como ha declarado la concejal, Zaida González, "todo es legal y tenemos un certificado oficial como aval jurídico".
En el pliego de descargo (junto a estas líneas), además de defectos administrativos que le llevaron a pedir "la nulidad del expediente", Juan solicitaba dos trámites "que no me han facilitado". Por un lado, el "envío y notificación a mi domicilio de imágenes del hecho, lugar, fecha y hora, donde se vea claramente la matrícula del vehículo y que el semáforo está en rojo". Por otra parte, la "emisión y notificación del certificado de homologación de la cámara del semáforo para comprobar que existe una sincronización con la fase de luz roja".
Lo que le envían desde Seguridad Vial al rechazar su recurso es una dirección de correo de referencia, el número de la matrícula de su vehículo y una contraseña. "Nada que pueda analizar", valora.
Por "pronto pago" la multa hubiera quedado en la mitad, o sea 100 euros, y nuestro protagonista piensa que "la mayoría de los sancionados opta por esta vía". Sin embargo, él reclamó y apenas hace unos días le contestaron en sentido negativo porque "no aporta pruebas al respecto". Después de que el agente que le puso la multa se reafirmara tras visualizar, según el dictamen, fotografías y vídeo. Por tanto, "se desestiman las alegaciones y se confirma la sanción". Hasta aquí, cuando acaba la vía administrativa, la reclamación de Juan que explica: "En los próximos días pagaré los 200 euros porque no me queda otra si no quiero que me embarguen la cuenta".
La mayoría de multados no recurre en primera instancia y otros como Juan sólo llegan a apurar la vía administrativa. Habrá que saber qué ocurre con otro tipo de recursos para conocer el alcance de este novedoso sistema, De momento, Juan, como otros miles de conductores, fue pillado por el "foto rojo" de Miramar.