) La concejal de Sí se Puede en Santa Cruz de Tenerife Asunción Frías y el edil de Izquierda Unida Ramón Trujillo han denunciado hoy que la corporación municipal permite que con dinero público se practique "explotación" laboral en el servicio de ayuda a domicilio.

En rueda de prensa, los concejales de Sí se Puede e Izquierda Unida insistieron en que con dinero público hay que velar porque se respeten los derechos laborales, y han recordado que los incumplimientos han sido denunciado ante el juzgado de lo Social.

Asunción Frías ha recordado que tras el fracaso de la cooperativa Mararía el servicio se ayuda a domicilio lo gestiona desde 2014 la empresa Eulen, cuyo contrato finalizó a finales de 2015, y como no hizo bien los trámite para solicitar la prórroga el Ayuntamiento planteó hacer un expediente urgente para conceder el servicio.

Ha añadido que dieciséis meses después de anunciar el expediente urgente ni siquiera han salido los pliegos de contratación, y Asunción Frías ha explicado que han pedido que el concejal de Atención Social, Óscar García (PP), comparezca en la comisión municipal de control para hablar de esta situación.

La concejal de Sí se Puede ha asegurado que muchas de las doscientas trabajadoras de este servicio tienen miedo a denunciar la situación.

María del Carmen Rodríguez, del sindicato CCT, ha denunciado que, según el convenio, estas trabajadoras tienen que percibir 7,56 euros por hora de trabajo pero reciben 5,48 euros, y ha añadido que una de las trabajadoras ha ganado un juicio a Eulen pero desde la empresa ha sido instigada.

La representante sindical comentó que si bien la hora ordinaria se paga por debajo de los establecido en el convenio colectivo la complementaria se abona de acuerdo al mismo, y ha criticado que los sindicatos mayoritarios no se atrevan a presentar un conflicto colectivo.

María del Carmen Rodríguez ha comentado asimismo que el concejal Óscar García fue empleado de Eulen como técnico de ventas de productos de limpieza.

Ramón Trujillo, de Izquierda Unida, ha insistido en que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio sufren explotación laboral, además de discriminación de género, y ha reiterado que con dinero público no se puede permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores.

Además de los incumplimientos salariales Ramón Trujillo ha indicado que en el cupo de contratación indefinida no se incluye a las personas que están de baja o que mantienen quejas, y ha añadido que cuando es preciso hacer más horas en lugar de aumentar las horas de quienes están a tiempo parcial se contrata a más personal, con lo que se mantiene la precariedad.

Ramón Trujillo ha denunciado asimismo que las trabajadoras de este servicio cobran unos 200 euros menos por jornada completa a cuando el servicio lo realizaba la cooperativa Mararía en 2014.

Carmen Plasencia, trabajadora del servicio y miembro del comité de empresa, ha señalado que las empleadas cobran por debajo de lo estipulado en el convenio colectivo y no se les contabilizan los desplazamientos ni se les abonan los quince minutos de descanso a los que tienen derecho en su jornada laboral.