"Solicitamos ayuda por la indefensión que sentimos los casi 500 vecinos que vivimos en esta zona del barrio ante el grave riesgo de caída de unos muros de contención que dan justo al número 17 de la avenida Benito Pérez Armas". Así se manifestaron los miembros de la junta directiva de la comunidad del bloque 26 de Los Gladiolos que recibieron la mañana de ayer a EL DÍA. Este periódico pudo comprobar cómo el perímetro de la pared está rodeado de vallas que obligan a bordearlas y a pasar al lado de la carreteras.

Además, el grado de separación del muro es grande y si continua aumentando podría caer a la acera. Una cadena colocada en el extremo obliga a saltar si se quiere entrar a los bloques del 22 al 26, los afectados.

Laura Ramírez, presidenta, y Paula Negrín, secretaria, del bloque 26 explican: "El problema es muy antiguo, pero lo más reciente son dos escritos que presentamos el 20 de octubre del año pasado en Urbanismo y en Parques y Jardines. Han pasado casi siete meses sin respuesta". Añaden que "ahí decimos que, en contra de lo que asegura el expediente que nos responsabiliza de las obras necesarias para garantizar la seguridad, cuyo coste debemos afrontar, entendemos que deben ser ejecutadas directamente por el Ayuntamiento de Santa Cruz, puesto que son ellos los que llevan la recepción de los jardines".

Precisamente ahí, en los jardines, "está la clave porque el riego sistemático de un espacio cuyo mantenimiento es municipal ha deteriorado el vallado y los muros exteriores". Estos últimos están "agrietados, con manchas de humedad y sin recubrimiento en muchas zonas, lo que deja al descubierto los bloques de contención. En cuanto al vallado de los mismos se aprecia que está oxidado y sin pintura, a punto de caerse en muchos tramos". Los vecinos solicitan "que procedan a reparar los muros el vallado de los jardines a ala mayor brevedad posible pues al ser responsables de su mantenimiento también es su competencia mantenerlos en las debidas condiciones".

Paula valora que "la construcción original, de hace 39 años, estaba mal hecha porque no dejaron huecos en la pared que debían haber servido de "respiraderos".

El primer informe de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo data nada menos que del 3 de agosto de 2007, pero la resolución más reciente, a la que ha tenido acceso este periódico, está datada el 12 de agosto de 2016. Su base es otro documento que resume una inspección realizada el 15 de mayo del año 2013.

El informe concluye que corresponde a los vecinos afrontar el coste de la obra para las medidas de seguridad, calculado de manera estimativa en 7.000 euros. En principio la resolución afectaba solo al bloque 22, pero tras alegar su administrador se amplió a todos. Los cinco, o sea del 22 al 26.

Las fuentes explican que "las viviendas eran de protección oficial hasta hace unos años y la mayoría de la gente no tiene ni para comer. Hablamos de varios bloques de diez plantas y otros de seis".

Las vecinas concluyen: "Los muros se están cayendo, esa es la auténtica realidad, y tememos que pueda ocurrir una desgracia".