El juicio oral por el caso Siluto ha quedado aplazado hasta la próxima semana, a la espera de que la acción popular, ejercida por Izquierda Unida, deposite una fianza de 2.000 euros para poder seguir en la causa.

En la primera sesión de este caso, relativo a la compra por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del edificio Siluto por un precio superior al de la valoración de los técnicos municipales, solamente se han resuelto las cuestiones preliminares planteadas por las partes, entre las que está el consistorio como acusación civil.

En el banquillo se sientan los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, que actualmente cumplen condena de prisión por el caso mamotreto, y el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes, condenado en primera instancia en el caso de Las Teresitas.

La fiscalía no presenta acusación para Manuel Parejo, pero sí para Norberto Plasencia, para el que pide diez años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, y siete para Víctor Reyes por malversación.

La acusación particular reclama 16 años de prisión para Norberto Plasencia, los mismos que para Víctor Reyes, y para Manuel Parejo ocho años de cárcel, en los tres casos por malversación de caudales públicos.

Tras el planteamiento de las cuestiones preliminares, el tribunal ha determinado que no puede continuar en la causa la Gerencia de Urbanismo como responsable civil subsidiario, tal y como había planteado el Ayuntamiento, y que la acusación particular de IU puede continuar siempre que pague una fianza de 2.000 euros.

La magistrada ha dado de plazo tres días para el abono de la fianza, de manera que el juicio continuará el 11 de julio con la declaración de los acusados.

El tribunal ha resuelto además que los acusados deberán estar presentes en todas las sesiones del juicio, seis como máximo, y ha desestimado la petición para que pudieran ausentarse en las que no tuvieran que declarar.

Otra de las cuestiones previas planteadas por las defensas fue la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido, pero el tribunal ha considerado que esta cuestión no está clara y la resolverá en todo caso en la sentencia.

El caso arranca en 1998, cuando los propietarios de la Casa Siluto negocian la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento, conversaciones que en 2002 llevan a los vendedores a ofrecerlo por 612.000 euros, según la tasación realizada por ellos mismos.

Según el escrito de acusación, el entonces concejal Norberto Plasencia encargó un informe a los técnicos municipales, pero sospechando que su valoración sería inferior por estar el inmueble afectado por limitaciones urbanísticas , encargó una valoración externa a Tinsa, que elevó el precio a casi 706.000 euros.

Finalmente los técnicos municipales valoraron el inmueble en 332.000 euros.

Plasencia, que conocía las limitaciones urbanísticas del inmueble, y "en clara connivencia" con Víctor Reyes, eligió la oferta de los vendedores y prescindió, "sin causa para ello" de la tasación municipal, según la fiscalía.

Víctor Reyes, que era secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, remitió una propuesta de resolución al Consejo de Administración en la que solo se recogían las valoraciones de los vendedores y de Tinsa.

Según la acusación, no hay constancia suficiente de que los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia conocieran la totalidad del expediente cuando aprobaron la venta por el precio que pedían los propietarios.

La acusación popular sostiene que dos años después de la compra del inmueble, en 2004, el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, dispuso que la Gerencia de Urbanismo asumiera el impuesto de la plusvalía, casi 11.000 euros, a pesar de que sabía que el acuerdo de 2002 establecía que correspondían a la parte vendedora como marca la ley.