"Un mismo punto de partida supone llegar a las mismas conclusiones. Métodos, pues, impecables de los tres". La conclusión es de la jueza del caso Siliuto, Esmeralda Casado, al concluir ayer la tercera sesión del juicio oral que desarrolla en la sala 12 del Palacio de Justicia la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Es de agradecer la aclaración final después de una farragosa jornada en la que intervinieron los peritos que han tasado el inmueble del número 12 de la calle San Antonio.

La referencia de la magistrada corresponde a lo declarado por tres profesionales en la prueba pericial solicitada por el fiscal. La funcionaria Berta Álvarez, que hizo el informe para analizar la tasación de Tinsa y concluyó con el precio más bajo (332.000 euros); Juan Carlos Armas, que tasó por encargo de los propietarios (612.000, precio por el que se compró), y Juan José Oliva, quien realizó su dictamen a instancias de la Fiscalía (470.000 euros en 2011 "retrotrayéndose" a 2005).

Fue una mañana dedicada a estos profesionales que ratificaron las tasaciones. Lo mismo que el de Tinsa, Miguel Ángel Clemente Mederos (705.000). Una sesión llena de tecnicismos, de leyes superpuestas, vigentes en su día o no, y de coeficientes. De nuevo el análisis de la jueza: "Según lo que se aplique, la ley 6/98 o las órdenes ministeriales, el resultado será uno u otro, pero el trabajo profesional tiene plenas garantías".

En algún aprieto se vio Berta Álvarez, sobre todo a preguntas de un incisivo Ladislao Díaz, abogado de Víctor Reyes -llegó a disculparse por su tono-. Acabó asumiendo algunos errores aritméticos pero defendió su informe. Las defensas trataron de sembrar dudas sobre la tasación de Álvarez por no reflejar adecuadamente el valor de mercado y por esos errores aritméticos.

Otro testigo fue el entonces jefe de Planeamiento de Urbanismo, Epifanio Gómez, quien reconoció que debería haber firmado el informe Álvarez -era su jefe-, pero "no tuve conocimiento o estaba ausente, no me pasaron nada a la firma, no hablé con ella, no sé quién encargó y no recuerdo la reunión".

Clemente Mederos habló de memoria (muy buena, por cierto) y fundamentó la declaración en su amplia experiencia. Aguantó el chaparrón de preguntas del fiscal y del letrado de la acusación particular, José Pérez Ventura.

Las partes elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales, que expondrán en sus informes finales el miércoles de la semana próxima. No hay cambios sustanciales salvo algún matiz en las cantidades que, entre otros, expuso José Yumar, abogado del Ayuntamiento de Santa Cruz, al que se le oyó ayer la voz por primera vez en estos tres días.

Ana Zurita

"No hice ningún informe favorable a la compraventa de la Casa Siliuto ni a su adquisición. Solo planteaba distintas posibilidades sobre el ámbito urbanístico. Y en cuanto al Plan de Sedes yo estaba en aquel momento en excedencia". Lo matizaba la mañana de ayer Ana Zurita, hoy diputada nacional del PP y arquitecta de la Gerencia de Urbanismo en el momento de elaborar el documento, el 9 de noviembre de 1998, analizado ayer. Zurita declaró por videoconferencia desde Madrid . Sin "amnesia" como la mayoría de los que le precedieron. Recordó perfectamente lo que hizo en aquel momento.

Acusaciones

El fiscal pide para Norberto Plasencia 10 años de prisión y 16 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos, y a Víctor Reyes 7 años de cárcel y 12 de inhabilitación, mientras que exculpa a Manuel Parejo. La acusación popular que ejerce Izquierda Unida pide para Norberto Plasencia y Víctor Reyes 16 años de prisión y 40 años de inhabilitación a cada uno, y para Manuel Parejo ocho de prisión y veinte de inhabilitación.