"Estamos muy preocupados y tenemos una profunda desolación tanto en nuestra organización, en concreto, como en el sector empresarial en general". Así valoró ayer Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco, la sentencia del TSJC que anula el PGO de Santa Cruz. Considera que este fallo "crea inseguridad y un limbo jurídico que, si no hay una solución rápida, puede frenar el repunte económico y en materia de empleo que venía registrando la ciudad los últimos tiempos".
"Los Planes Generales de Ordenación -recordó Izquierdo- son herramientas básicas para el desarrollo económico y social de los municipios y en Canarias ha habido un exceso de tramitación. Esperamos que sea corregida a partir de septiembre por la nueva Ley del Suelo".
Incidió Izquierdo en que "para Santa Cruz la anulación supone un parón en su crecimiento. Crea incertidumbre y aleja de la capital cualquier inversión a corto y medio plazo. Como ya ocurrió con los planeamientos de El Rosario y Arona, lo que queda ahora es una especie de limbo jurídico".
A nivel más concreto, el dirigente empresarial valoró: "Lo ocurrido puede originar la quiebra de muchas empresas y la paralización en seco de la mejora de los datos del desempleo porque en paralelo a los cierres se destruirán bastantes puestos de trabajo. Además de la huida de las posibles inversiones de cara al futuro".
El Plan General de Santa Cruz, apostilló, "ha generado problemas desde el principio, en un trámite larguísimo, de catorce años. No hay más que recordar los problemas que generó el fuera de ordenación. También ha hecho mucho daño la judicialización de la política, que ha impedido una visión más amplia en busca del consenso básico -algo impensable en Santa Cruz- para llegar a un acuerdo en beneficio de la ciudadanía y por encima de las consideraciones ideológicas o posiciones partidistas".
Izquierdo insistió en la tesis de su reflexión para concluir: "Esta decisión del TSJC supone un frenazo en seco al repunte que estaba protagonizando Santa Cruz en cuanto a mejorar su economía y el empleo. Por lo tanto el futuro de la ciudad en el corto plazo, si no hay una solución inmediata, lo preveo bastante complicado".
Un PGO "de consenso"
Izquierda Unida "apoya una nueva tramitación del PGO, la mejor garantía de, sea cual sea la sentencia definitiva, disponer cuanto antes de un nuevo plan que puede ser mejorado". Para IU, "el revés de la sentencia debe servir como oportunidad para redactar un ordenamiento escuchando a todos y cumpliendo la legalidad". Según IU, "la sentencia va más allá de la responsabilidad concreta de la Cotmac. Hay errores previos. O tienen razón los redactores cuando dicen que hicieron el plan de evaluación ambiental y se excluyó, o no lo hicieron, evidencia del efecto negativo de externalizar. Para IU "hay un fracaso de la política urbanística global de CC".