Aunque no cumpla con la Ley de Morosidad, que establece un plazo de 30 días para el abono de las facturas por parte de las administraciones públicas a sus proveedores, el Ayuntamiento de la capital es el único de las cuatro grandes ciudades de Canarias que baja de la medina nacional y, por tanto, el que más se acerca a los plazos legales.

Según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondientes al mes de junio, Santa Cruz paga a sus acreedores en una media de 41,48 días -en mayo había sido de 42,40 y en abril de 35,44-.

De acuerdo a la información del Ministerio, la capital se sitúa claramente por debajo de la media de pago de todo el Estado, 58,85 días, y de los registros de las principales ciudades del Archipiélago, como son Las Palmas de Gran Canaria (89,29 días), San Cristóbal de La Laguna (69,88) y Telde (326,62).

Hasta ese mes, el ayuntamiento había realizado pagos por valor de 10,3 millones de euros, con un total de 44,47 operaciones realizadas.

Mientras, el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria había pagado facturas por valor de 8,9 millones; 1,5 millones el ayuntamiento de Telde; y 7,5 millones el de La Laguna.

Al respecto, el concejal de Hacienda de la capital, Juan José Martínez, celebró la reducción progresiva del tiempo de espera en el cobro de facturas "que es el resultado de un esfuerzo continuado en la gestión y que indudablemente representa una garantía para las personas y entidades que trabajan con Santa Cruz".

No obstante, advirtió de que "siendo muy positivo que nos situemos como la ciudad canaria que más y mejor cumple y la única que se encuentra por debajo de la media nacional de espera, nuestro objetivo no es este, sino seguir mejorando aún más a lo largo del actual mandato, y creo que lo vamos a conseguir".

El edil incidió en que "el ajuste a la baja del periodo de espera para cobrar del ayuntamiento no es un hecho aislado ni producto de un factor específico, sino que se encuadra en una política de gestión global basada en la eficiencia, en el cumplimiento de las obligaciones de consolidación fiscal y, especialmente, en la exigencia que nos pedimos a nosotros mismos para alcanzar un grado muy notable de ejecución presupuestaria".

Por último, Martínez destacó que esta transformación en la gestión no sería posible "sin el esfuerzo y el compromiso de los funcionarios del ayuntamiento, especialmente de las áreas gestoras del gasto y de Hacienda, Tesorería e Intervención".