El Tribunal Supremo (TS) ha revocado la concesión de una prórroga -la segunda- que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife había autorizado a la Compañía Auxiliar del Puerto S.A. (Capsa), por medio de la cual la citada empresa podría seguir operando en el puerto de la capital hasta 2019.

Los hechos se remontan al año 2013, cuando el Consejo de Administración de la entidad que entonces presidía Pedro Rodríguez Zaragoza otorgó una segunda prórroga sobre la concesión de la terminal de contenedores que Capsa explota en el Muelle del Bufadero desde principios de los 90.

En ese momento, y al entender que los cambios normativos que se habían producido impedían que una concesión pudiera tener prórrogas por más del 50% de periodo concesional inicial, otra de las empresas que operan en el Puerto, Terminal de Contenedores de Tenerife (TCTenerife), solicitó a Puertos de Tenerife la revisión de oficio de ese acuerdo. Sin embargo, dos años después, en noviembre de 2015, la Autoridad Portuaria declaró la inadmisión de esa solicitud.

TCTenerife recurrió entonces en lo Contencioso-Administrativo, lo que derivó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del pasado mes de marzo, que estimaba la demanda presentada por TCTenerife y revocaba la resolución de Puertos.

El fallo del TSJC adquirió firmeza el pasado 3 de noviembre, tras rechazar la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación presentado por Capsa.

Fuentes de TCTenerife consultadas por este periódico lo tienen claro: "La Autoridad Portuaria está obligada a tramitar el expediente de revisión de oficio del acuerdo de septiembre de 2013 y remitir todo el expediente administrativo al Ministerio de Fomento, para que sea este el que resuelva sobre la nulidad solicitada".

Es más, recalcan que a la vista de lo dispuesto en el fallo del TSJC, y hasta que el Ministerio resuelva sobre la nulidad del acuerdo de otorgamiento de la segunda prórroga, Puertos de Tenerife "no debe" autorizar la transmisión de la concesión de la terminal que explota Capsa a un tercero, ni la transmisión por parte de los accionistas de sus acciones.

También entienden desde TCTenerife que la Autoridad Portuaria, ni siquiera, debe adoptar acuerdo alguno relativo al otorgamiento de prórrogas o de ampliación del plazo concesional, cuestión ya incumplida pues la Autoridad Portuaria ha concedido a Capsa, en proceso de compra por el grupo Boluda, una tercera prórroga para el periodo 2019-2024.

En este sentido, las fuentes de TCTenerife advierten de que en el supuesto de que prosperase la revisión de oficio solicitada y la Autoridad Portuaria hubiese autorizado la transmisión directa o indirecta de la concesión, o acordado la ampliación o prórroga del plazo concesión, "se podrían producir perjuicios evidentes tanto al interés público como al de TCTenerife e, incluso, a quienes hubiesen adquirido la concesión o acciones de Capsa".

Desde TCTenerife destacan el "esfuerzo" inversor de 75 millones que ha hecho durante los años para aumentar la competitividad del Puerto de Santa Cruz y remarcan que no se opone a que haya competencia, sino que piden que esta se produzca en unas condiciones "razonables y de igual a igual".

"Nos encontramos en una posición de indefensión incómoda", aseguran las fuentes de TCTenerife, que se quejan al respecto de que la Autoridad Portuaria no haya enviado aún el expediente administrativo a Fomento.

"Solicitamos que la concesión se licite de nuevo y que el nuevo operador haga las inversiones que tenga que hacer", recalcan. "Eso es lo que elude Capsa y el comprador actual, que se estaría beneficiando de las actuales condiciones", añaden.