Ruidos por la noche, discusiones, lanzamientos de colillas y comida a las aceras... Ese es parte del calvario que, desde hace algo más de un año, viven los propietarios del edificio Libra, que se ubica entre las calles Simum y Siroco, en Cuevas Blancas (Barranco Grande).

La tranquilidad que reinaba en el inmueble, en el que existían varias viviendas vacías en los bloques B y C, se rompió con la llegada de tres familias de ocupas, que, si bien al principio, convivieron sin dificultades, con el paso de los meses han convertido el día a día del resto de inquilinos en un auténtico infierno. Las citadas familias ocupan tres apartamentos, dos propiedad de Hacienda y otro de la Seguridad Social.

Valga como ejemplo de las dificultades que existen en el edificio el estado de uno de los vecinos, medicado para poder dormir -algunos se ven obligados a descansar en casa de familiares- y con una sentencia a favor por amenazas de muerte por parte de una de las ocupas.

Es este mismo afectado el que relata que la presencia de la Policía se ha hecho habitual en el edificio, por llamadas de los vecinos que están "hartos" del comportamiento de los ocupas. "Somos una comunidad joven, con niños de 3 a 7 años. ¿Cree que esta es la mejor imagen que pueden ver?", se pregunta. Además, explica que "el hijo de uno de los propietarios es autista y desde que está esta gente ha ido para atrás en su mejoría".

La indignación de los propietarios va incluso más allá. Después de sufrir el enganche ilegal a sus contadores de agua, lo que produjo que tuvieran que pagar elevadas cantidades por la factura, los ocupas lograron "falsificar" un contrato con el que han conseguido que tanto Emmasa como Endesa les hayan facilitado los suministros de agua y luz, respectivamente. La empresa de aguas de Santa Cruz es conocedora del caso. La respuesta ha sido que denuncien si consideran que existe alguna irregularidad.

¿Por qué es falso el contrato? Los propietarios explican que la promoción de viviendas en cuestión fue construida en el año 2008, pero que su promotor y dueño falleció en 2014. Los herederos renunciaron a hacerse cargo de dichos inmuebles debido a las deudas que se arrastraban. Por lo tanto, aseguran, si dicho contrato fue suscrito el año pasado, "lo firmó un muerto".

De todas estas irregularidades y de los comportamientos de los ocupas tiene conocimiento, por escrito, además de la Policía, el área municipal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, puesto que allí se han interpuesto tres reclamaciones.

Los dueños de las viviendas del edificio han dado un paso más y se han dirigido también a la Subdelegación del Gobierno, en escrito dirigido el pasado 23 de noviembre.

En el documento remitido a la Subdelegación, la comunidad de propietarios habla, incluso, de "temor por la integridad física del resto de vecinos por multitud de enfrentamientos y amenazas".

"Ya hemos intentado hablar con ellos por las buenas, pero al final terminan riéndose en nuestra cara", enfatiza el mismo afectado.