"Si tuvieran que gestionar esta ciudad, hubieran hecho exactamente lo mismo". Carlos Tarife, concejal de Urbanismo de Santa Cruz, defendió ayer así la actuación del Ayuntamiento de la capital en el conflicto que mantiene con el Cabildo de Tenerife, a cuenta de la paralización de la demolición de un inmueble de la calle Puerta Canseco, que la Corporación insular entiende que tiene valores patrimoniales.

Tarife sostuvo, en el debate de una moción en el pleno que celebró ayer el Consistorio de Santa Cruz, que Urbanismo ha obrado en todo momento "de acuerdo a la legalidad vigente" en la concesión de licencias de obras que conciernen a inmuebles de la capital que no se encuentran sujetos a protección en el catálogo de patrimonio histórico.

También defendió la actuación municipal en este caso en el marco de la competencia plena del consistorio en el terreno del planeamiento urbano y del patrimonio, y advirtió de que, en su día, los inmuebles que hoy son motivo de polémica no se incluyeron en el mencionado catálogo.

Frente a estos argumentos, los que esgrimieron Pedro Arcila (Sí se Puede) y Ramón Trujillo (IUC), quienes presentaron la moción. El primero advirtió de que el problema se puede extender a otras viviendas que el Cabildo considera que tienen valor patrimonial e insistió en que Urbanismo tiene el deber de informar, en el caso concreto de Puerta Canseco, de si el inmueble en cuestión tiene o no el valor que le atribuye Patrimonio insular. El segundo, mientras, indicó que ahora se puede "reparar" lo que no se hizo bien en su momento.

La moción de SsP e IUC planteaba, entre otros acuerdos, que se suspendiera la concesión de licencias de demolición y edificación de aquellos inmuebles que el Cabildo entiende que deberían ser protegidos.

"No podría dejar de dar licencias. La situación se ha creado por dejadez institucional", justificó Tarife, quien propuso introducir cambios en el texto de la iniciativa original que no fueron aceptados.

Entre otros, instar al Cabildo a levantar el reparo de Puerta Canseco y crear una comisión insular-municipal para valorar "técnicamente" las sugerencias propuestas. El lunes, dirigentes de ambas corporaciones, abordarán este asunto en una reunión.

El Pleno descartó ayer la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística, por lo que se mantendrán los actuales ámbitos en los que rige la libertad de horarios comerciales.

El concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, indicó que la eventual ampliación de la citada zona debe ser analizada "en profundidad" entre la administración y los agentes económicos y sociales representativos del sector comercial, además de ser escuchados los consumidores.

El asunto se debatió en una moción de Eligio Hernández Bolaños (SsP), que fue respaldada, aunque con matices.

La que fue rechazada fue la propuesta del PSOE que solicitaba mejoras en Las Moraditas de Taco, con intervención de la vecina Sonia Rodríguez. Oposición y vecinos discreparon con el edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, sobre las necesidades del barrio. PSOE, IUC, SsP y Cs le reprocharon que culpara a los ciudadanos de cómo está la zona.

otros asuntos

Distinciones. El Pleno aprobó ayer el expediente de concesión de honores a título a favor del dirigente vecinal Carmelo Morín Torres (póstumo) y de Monserrat Conde. Dos calles llevarán sus nombres.

Declaración. CC y PP rechazaron declarar a Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria, como "persona non grata". Preferían rechazar o reprobar, términos que no aceptaron ni la oposición ni los afectados.

Acoso escolar. El Pleno aprobó una moción de Sí se Puede, con transaccional de CC-PP, en la que se insta al Gobierno canario a estudiar los tipos de acoso escolar.

Pensiones y prisión. Respaldo a dos mociones, una sobre las pensiones (unanimidad) y otra sobre la prisión permanente revisable. Esta última, del PP, solo fue apoyada por PP y CC, aunque con enmienda. Cs se abstuvo.