Los partidos de la oposición (PSOE, IUC y SsP) recibieron ayer con cierto escepticismo -críticas en algunos casos- el acuerdo sobre la protección de inmuebles con valores patrimoniales alcanzado este lunes entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife.
José Ángel Martín, portavoz socialista, dijo que el edil de Urbanismo, Carlos Tarife, ha hecho un "ridículo espantoso" en este asunto, y recordó que en el pleno del pasado viernes ya había advertido de que el asunto de la calle Puerta Canseco podía solucionarse con un informe del consistorio. "El problema ha sido que en un procedimiento administrativo técnico se han metido los políticos. Y cuando un político quiere saber más que un técnico, pasa lo que pasa", subrayó.
Martín consideró, no obstante, que la solución por la que han optado Cabildo y ayuntamiento, que un informe externo que deberá validar luego el ayuntamiento determine si el inmueble se debe proteger aún, es la "correcta". "No había otra posible, y creo que se va a optar por algo que ofrezca seguridad al vecino y protección al patrimonio histórico", aclaró.
Ramón Trujillo, edil de IUC, por su parte, se mostró más critico con este aspecto y exigió que el equipo técnico encargado de elaborar el informe esté formado por personal del ayuntamiento y del Cabildo y que, por tanto, no se deje en manos de una empresa externa.
"La única garantía de que no haya un informe a la carta es que lo haga un funcionario", apuntó el edil, quien remarcó que esta es una solución "innecesaria", pues ambas corporaciones tienen funcionarios especializados en patrimonio histórico "más que capacitados" para elaborar el documento.
Y esta misma línea se mostró el portavoz de SsP, Pedro Fernández Arcila, quien dijo "no entender" el deseo del alcalde de buscar un profesional externo que analice el valor patrimonial del inmueble de Puerta Canseco. "Si no había nadie en el ayuntamiento podía, por la vía de la cooperación, solicitarlo al Cabildo, pues lo más importante es que sean informes de un funcionario", afirmó. "Esto me hace deducir que buscan que un profesional privado les diga que eso no tiene valor", criticó Arcila, que culpó también de ello al Cabildo. "Creo que está ya pactado y negociado".
Respecto a la comisión mixta que determinará el futuro de los otros 550 edificios que la Corporación insular estima que deben protegerse y que no están en el catálogo municipal, los portavoces discrepan.
José Ángel Martín considera que esta comisión debe existir "per se". "De hecho, existe una Comisión de Patrimonio Histórico en la que se pueden discutir todos estos asuntos", dijo. "Pero si hay más colaboración entre técnicos de ambas administraciones, bienvenida".
De cualquier forma, sostuvo que los procedimientos administrativos "deben empezar y culminarse". "Y si hay una administración que hace un informe en contra de los criterios municipales, habrá que evaluarlos y también informar por parte del ayuntamiento", aseveró. "Así es como no se ralentiza el desarrollo del planeamiento", remarcó el portavoz del PSOE.
Fernández Arcila, mientras, consideró que "no existe interés y conocimiento" del equipo de gobierno del valor histórico de los inmuebles en conflicto. "Si el primer acuerdo será demoler, el segundo será dilatar en el tiempo y no llegar a ninguna solución que permita incorporar los bienes al catálogo municipal", apuntó.
"Es evidente que si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio no habría propietarios perjudicados ni patrimonio en peligro", consideró, en este caso, Ramón Trujillo, concejal de IUC.