Santa Cruz de Tenerife

Adquiere firmeza el rechazo al desalojo de la familia Albendín

Urbanismo no recurre el fallo del TSJC que rechazaba el recurso de apelación que había presentado el organismo municipal contra el auto que anulaba un decreto del alcalde de 2014.
O.G., S/C de Tenerife
14/feb/18 6:12 AM
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Adquiere firmeza el rechazo al desalojo de la familia Albendín

Francisco Albendín puede decir ya que ha ganado parte de la guerra que mantiene con el Ayuntamiento de Santa Cruz. La decisión de la Gerencia de Urbanismo de no recurrir un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el decreto de desalojo que dictó el alcalde, José Manuel Bermúdez, en 2014 -primer mandato-, ha dado firmeza a una resolución que marcará un antes y un después en el controvertido conflicto del Valle de las Huertas, en San Andrés.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC había desestimado el pasado mes de noviembre el recurso de apelación que había presentado la Gerencia de Urbanismo -también la empresa Desurcic- contra el auto, de marzo del mismo año, que anulaba el decreto que dictó Bermúdez, hace ahora casi cuatro años, en el que instaba a Francisco Albendín a desalojar de manera inmediata la parcela B2 (finca primitiva número 99).

Según detalló ayer el abogado de la familia, Sebastián Marqués, Urbanismo agotó todos los plazos posibles para recurrir ese último fallo sin hacer efectiva ninguna reclamación, por lo que el auto de marzo del año pasado es firme y, por tanto, el decreto queda totalmente anulado.

Como se recordará, en la sentencia del TSJC, adelantada por este periódico en noviembre, se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Santa Cruz, pese a haber contratado las obras que se iban a realizar en la citada parcela -para darle acceso al campo de fútbol de San Andrés-, "no disponía de los terrenos". "Esta disponibilidad debió de comprobarse durante el expediente de contratación", concluye el fallo.

Y es que los magistrados inciden en que si bien el consistorio sostiene que los terrenos en cuestión "fueron objeto de expropiación, por no incorporarse el demandante a la junta de compensación", sin embargo "no se da referencia alguna del procedimiento expropiatorio, ni tan siquiera se acredita que se hubiera pagado el justiprecio, requisito sin el cual no puede proceder a la ocupación de las parcelas".

Es decir, que al no acreditarse que "tenga derecho" a ocupar la parcela por haberla expropiado de forma legal, "el acto que ordena el desalojo del demandante debe ser anulado".

Urbanismo había esgrimido en su recurso de apelación que el ayuntamiento es el propietario de los terrenos en litigio por la aprobación del proyecto de reparcelación.

No obstante, esta idea ya había sido rechazada por el letrado de la familia Albendín con dos argumentos. Por un lado, porque "la posesión que exige el expediente de recuperación posesoria y, por tanto, el decreto del alcalde, es posesión material, siendo evidente que la posesión de los terrenos la tiene Francisco Albendín y Jacinta Baute desde que los compraron en 1981, y que el ayuntamiento nunca la ha tenido".

Por otro, porque "ni siquiera es cierto en el plano teórico o abstracto que el ayuntamiento disponga de algún tipo de posesión mediata, porque el Proyecto de Reparcelación invocado por la Gerencia como título no conlleva en este caso atribución de posesión ni detentación, principalmente, porque el Proyecto de Compensación fue anulado por dos sentencias del TSJC".

Durante todo este tiempo, Francisco Albendín se ha mostrado dispuesto a negociar con el consistorio la venta del terreno que impide continuar con la urbanización del acceso al campo del San Andrés, aunque siempre ha insistido en que la voluntad por parte de la administración ha sido nula.

El abogado de la familia reconoció ayer al respecto que durante los últimos meses se realizaron "algunas gestiones" con el que hasta hace pocas semanas era concejal del distrito de Anaga, José Alberto Díaz Estébanez, pero de ellas no salió nada positivo. "Pretendían que les cedieran los terrenos sin compensación económica", critica Marqués.