"Estamos en un limbo legal. El contrato de Elecnor con el ayuntamiento acabó en febrero y el consistorio no ha hecho el nuevo pliego". Así resumió ayer Rafael Palmes, portavoz sindical de la compañía, la situación que atraviesan los trece trabajadores, de varias categorías, que realizaban las tareas de mantenimiento de los colegios públicos y edificios municipales de todo tipo. Algunos con 30 años de antigüedad.

Palmes relató que Elecnor ha rechazado la continuidad del servicio ofrecida por el consistorio, al menos hasta que se convocara el nuevo concurso. "Y como dice que aquí no tiene trabajo para lo que hacemos, nos ofrece que nos vayamos a Vizcaya", indicó el representante sindical. "Y a eso nos negamos. Estamos en una mesa negociadora y, cuando se acabe, en dos semanas, no sabemos qué va a ser de nuestra vida laboral", remarcó.

Rafael Palmes reconoció que durante los cuatro años que duró el contrato con el ayuntamiento, el servicio se realizó "a trompicones". Tanto fue así que el consistorio tiene abiertos varios expedientes sancionadores a la compañía, según confirmó ayer el propio concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga.

"El concejal nos ha dicho que él sabe que tiene la culpa, pero que el pliego no está hecho y puede tardar cinco o seis meses", añadió el portavoz sindical de la CNT. Mientras tanto, indicó Palmes, el servicio lo prestarán pequeñas empresas que el consistorio está contratando. "Podría ser ilegal", advirtió. "En lugar de preocuparse de nosotros, que llevamos 30 años con el servicio, se han preocupado de dar el trabajo en pequeñas dosis", se quejó.

¿Se quedarían fuera con una nueva contratación? "No. Nosotros somos personal adscrito al contrato y subrogado. Pero si no sacan el concurso estamos vendidos. Cuando salga tendrán que contar con nosotros sí o sí, pero en estos cinco o seis meses, ¿qué va a pasar? Lo que ofrece Elecnor es el traslado a Vizcaya o un despido objetivo", aclaró Palmes.

"A ver si el ayuntamiento mueve algún tipo de papel. Ayer nos llegó una comunicación en la que nos dicen que se van a comprometer a que sigamos subrogados", avanzó el portavoz sindical.

En esta línea, Dámaso Arteaga detalló que el retraso en la puesta en marcha del nuevo concurso derivó de la propuesta técnica, que no contemplaba el salario de los trabajadores, esto es, las condiciones que tienen en la actualidad.

"Lo que hemos acordado es intentar, en la medida de lo posible y según los informes jurídicos, la continuidad de los trabajadores en el nuevo contrato", dijo el concejal. "Pero hay una discrepancia: la parte técnica entiende que no es necesario mantener ese vínculo, y la parte administrativa estima que sí puede introducirse una cláusula social, de tal forma que la nueva empresa estaría obligada a subrogar a los trabajadores con todas las condiciones económicas y no solo con las del convenio existente", es decir, el de la siderometalurgia, que no ampara las subrogaciones, subrayó.

"Esa cláusula la hemos perfilado estos días y se le ha enviado a la representación legal de los trabajadores", añadió el edil, quien reconoció que el concurso no ha salido como les hubiera gustado, pero están "dando los pasos" para intentar garantizar la continuidad de los empleados.

Mientras se resuelva el concurso, valoró Arteaga, "ellos tienen que intentar garantizar el cobro de su salario con la empresa", precisó. El concejal confía en que el nuevo contrato salga "a la mayor brevedad" -mayo o junio-.