El Ayuntamiento de Santa Cruz no afrontará solo la demolición del hotel abandonado desde los primeros años de la década de los 70 en la costa de Añaza. Debido al elevado coste de la obra, alrededor de dos millones de euros, el consistorio solicitará que se impliquen en el derribo de la construcción tanto el Gobierno de Canarias como el Ejecutivo central, este último a través de la Dirección General de Costas.

Así lo confirmó ayer el concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, durante una visita realizada a la costa del barrio, en la que estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde y edil de Seguridad, Zaida González, y la concejal del distrito Suroeste, Gladis de León.

Tarife detalló que en estos momentos se trabaja en un convenio con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) para que ceda las competencias del restablecimiento "completas" a la Gerencia de Urbanismo, un acuerdo que se trasladará también a la Dirección General de Costas (145 metros cuadrados del edificio son suelo rústico de protección costera). "Ese es el objetivo para poder actuar desde Urbanismo", apuntó.

"Creo que las demás administraciones se tienen que implicar en algo que es de justicia: devolver a la costa de Añaza la situación que siempre han querido sus vecinos", remarcó el concejal de Urbanismo, quien indicó que "no cree" que el resto de implicados rechace colaborar con el consistorio. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo", subrayó.

En esta línea, Zaida González indicó que desde hace meses vienen trabajando "con prudencia" para encontrar una solución definitiva en dos direcciones: por un lado, garantizar la seguridad cuanto antes para que nadie acceda a su interior y, por otro, llegar a un acuerdo a corto y medio plazo que convierta a este edificio en un recuerdo del pasado.

Además, enfatizó que "desde el ayuntamiento no podemos cruzarnos de brazos y seguir esperando 42 años más. Máxime cuando el edificio se ha convertido en un peligro evidente, especialmente para las personas que acceden irresponsablemente a su interior".

Al respecto, Tarife detalló las líneas de actuación que sigue el consistorio encaminadas a garantizar la seguridad, que pasan por instalar una red metálica perimetral completa de 4 metros de altura, que impedirá el acceso al inmueble, y por colocar señales que adviertan del peligro, cada diez metros, en todo el perímetro. En total se instalarán 35.

"Esta es la medida inmediata que asumirá el ayuntamiento, cuyo coste estimado es de 109.450 euros y que se ejecutará en el plazo de un mes aproximadamente", precisó Carlos Tarife.

El concejal recordó que en 1998 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretó que el edificio invade una zona de servidumbre marítimo-terrestre y que por tanto debe ser demolido. "Por nuestra parte, en otoño pasado abrimos un informe sobre el estado del edificio, que debidamente ajustado a la legislación de aplicación, devino en declarar la caducidad de la licencia de edificación otorgada en su día", indicó.

A partir de esa decisión, y en el marco competencial que corresponde al ayuntamiento, "encargamos un peritaje técnico para averiguar el coste aproximado de la demolición y posterior recogida de escombros y restos", dijo Tarife. El informe técnico cifra en 1,8 millones el coste de la desaparición del edificio.

No obstante, a pesar de las medidas que se tomarán de manera inmediata, Zaida González advirtió de que es prematuro hablar de plazos o de porcentajes de participación. "Estamos avanzado en la buena dirección para que este edificio desaparezca para siempre. Hemos esperado 42 años y no sé si aún tendremos que esperar 2 o 3 años más, pero de lo que estoy convencida es de que el mamotreto de Añaza tiene los días contados", sentenció.

"Ha sido una preocupación de siempre del alcalde. Buscaremos apoyos", añadió De León.

Se inició en 1973

La primera teniente de alcalde recordó que la edificación del hotel se inició en 1973, cuando una promotora privada solicitó al ayuntamiento una licencia de obras para construir un hotel de 741 apartamentos. El permiso fue concedido entonces de acuerdo a la legalidad vigente de aquella época y en el marco de los planes especiales de interés turístico. "Sin embargo, los promotores abandonaron el proyecto en 1975, dejando un edificio en estructura como hoy lo conocemos: un inmueble con planta en forma de Y griega, con 22 plantas de altura, sobre una superficie de 2.350 metros cuadrados y con una superficie edificada estimada de 40.000 metros cuadrados", detalló. González reconoció que "desde entonces, hace 42 años, la edificación se encuentra paralizada y en este tiempo, las diferentes administraciones municipales hemos tratado sin éxito de localizar a los que construyeron y abandonaron este edificio".