El Cabildo de Tenerife respetará el informe de la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop) sobre los inmuebles número 23, 27 y 29 de la calle Puerta Canseco, en el entorno de Miraflores, que concluye que no tienen valores patrimoniales que proteger.

El presidente de la Corporación, Carlos Alonso, indicó ayer, tras conocerse que lo que siempre ha querido la Corporación insular es que por parte del ayuntamiento se justifique con un informe de patrimonio específico, ya sea propio o externo, cualquier actuación sobre aquellos inmuebles que no están protegidos pero que podían tener valor patrimonial.

Y añadió que si bien el Cabildo no ha recibido el informe del Cicop, este concluye que las casas de Miraflores carecen de valor y considera que los nombres y la entidad que firman este documento tienen "mucha reputación".

Opinión muy alejada a la que reiteró ayer Sí se Puede, que reclamó al gobierno municipal de CC y PP una "respuesta oficial" a la recusación de la entidad escogida como perito -el Cicop- para evaluar el valor patrimonial de los edificios del entorno de Miraflores.

"No hemos recibido respuesta a esta recusación, a pesar de haberla reclamado expresamente durante la sesión de la comisión de control celebrada el 15 de marzo", subrayó el portavoz municipal de la formación, Pedro Fernández Arcila.

El concejal añadió a los motivos de la recusación un dato desconocido hasta ayer, cuando se hizo público "a bombo y platillo" el informe del Cicop: "Si antes de conocer este dato ya esta entidad no podía considerarse como perito, al no guardar la neutralidad y distancia debida por haber publicado entre sus documentos una propuesta de demolición de estos edificios, mucho menos aceptable es que entre los firmantes del informe esté Juan Manuel Palerm, el arquitecto del PGO que en 2012 no incluyó estos edificios propuestos por el Cabildo en el catálogo de bienes con valor patrimonial".

Arcila destacó también que "para los firmantes del documento, la desidia municipal es un argumento que justifica la demolición", ya que esgrimen como una razón para quitarle valor patrimonial la no inclusión de los edificios del entorno de Miraflores en el catálogo en 2012 y el que no se hayan realizado actuaciones para incluirlo en todos estos años".

El portavoz señaló al alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, como "responsable de la destrucción del patrimonio arquitectónico del municipio al encargar al Cicop un informe que constituye un cheque en blanco para demolerlo todo". Y aseguró que "esta crónica anunciada de un atentado al patrimonio histórico es una vergüenza y una burla por parte de un alcalde que no merece este municipio".