Santa Cruz de Tenerife

García solicita apoyo al Ejecutivo canario para el bono social eléctrico

El edil de Atención Social apuesta por compartir las responsabilidades de gestión y financiación entre comunidad y ayuntamientos La capital abonó 1.500 prestaciones.
O.G., S/C de Tenerife
5/abr/18 5:58 AM
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García solicita apoyo al Ejecutivo canario para el bono social eléctrico

El concejal de Atención Social de Santa Cruz, Óscar García, demandó ayer al Gobierno de Canarias "un gran acuerdo de compromiso con el nuevo bono social eléctrico", en sintonía con los ayuntamientos, que permita hacer realidad esta reforma "en positivo" del fenómeno de pobreza energética en las Islas y en el conjunto de España.

"El nuevo bono social eléctrico representa un avance notable en el auxilio energético a las familias con menos recursos, mejorando la bonificación en la factura eléctrica, que va desde el 25 al 40% en función de la renta y que alcanza el 100% si el beneficiario es usuario de los servicios sociales, universalizando la ayuda en el caso de las familias numerosas, con tres o más hijos", comentó.

García reconoció, no obstante, que existe cierta confusión en el papel que corresponde a los ayuntamientos y a las autonomías a la hora de gestionar y financiar el nuevo bono eléctrico, "por lo que entendemos fundamental que el Gobierno regional se comprometa con los ayuntamientos y ponga sobre la mesa un modelo de gestión y un compromiso presupuestario concretos".

"No es de recibo que se pretenda que seamos los ayuntamientos quienes acreditemos, gestionemos y financiemos en solitario la puesta en marcha del nuevo bono eléctrico; es preciso alcanzar un acuerdo de corresponsabilidad y hacerlo pronto, de forma que los beneficiarios no sean perjudicados", indicó.

Para el concejal de Atención Social, "el problema no es el real decreto que regula el nuevo bono eléctrico, que combate con más eficacia la pobreza energética. El desafío es la gestión, por eso hay dar un paso adelante por parte de todas las administraciones y las compañías eléctricas, para que el bono llegue a cada hogar y a cada familia con necesidad".

García, que recordó que Santa Cruz gestionó y abonó en 2017 cerca de 1.500 prestaciones de asistencia social para sufragar el suministro eléctrico, destinando en torno a 500.000 euros a este fin, explicó que el real decreto incorpora distintos criterios para ser beneficiario del bono social: el umbral de renta, el número de miembros de la unidad familiar o la pertenencia a un colectivo de especial protección (personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo).

En virtud de esos criterios, el beneficiario puede quedar encuadrado como consumidor vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social; optando de esta manera a un descuento en la factura eléctrica del 25, 40 y hasta el 100%, respectivamente.

García señaló que "los beneficiarios deben acreditar nuevamente sus condiciones personales para acceder a esta bonificación, lo que en la práctica representa un cuello de botella, ya que el Gobierno regional pretende que las acreditaciones de discapacidad o de violencia también recaigan sobre los hombros de los servicios sociales municipales, ya de por sí con una alta carga de trabajo".

"A nuestro juicio, el Gobierno debe comprometerse en apoyo de los ayuntamientos, tanto en la gestión como en la financiación, que se deberá incrementar porque el volumen de familias que se beneficien del bono será mayor que el actual", dijo.