El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, confirmó ayer que el Cabildo de Tenerife aún no ha abonado los 2,5 millones en los que técnicos municipales valoraron las parcelas que ocupa Titsa en Cuevas Blancas (distrito Suroeste), y que fue cedida a la empresa de transportes por parte del consistorio en el año 1994.

En comisión de control, y como respuesta a una pregunta de Ciudadanos, el edil de la capital detalló que están a la espera de que la Corporación insular realice una tasación propia del espacio, después de que la Intervención del propio Cabildo reparara la ordenación del pago que requería el consistorio al existir "una duda razonable" sobre la titularidad de las parcelas.

Eso ocurrió, según indicó el responsable de Urbanismo, en abril del año pasado -el informe llegó el 6 de abril-, y desde ese momento hasta la fecha "no ha habido ningún avance más por parte del Cabildo".

Había sido el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo el que, todavía presidido por Carlos Garcinuño, había reiniciado en diciembre de 2016 la tramitación del expediente de compraventa de los citados terrenos, casi veinte años después del último movimiento que se había realizado en relación con este asunto.

Carlos Tarife reiteró, además, que por las propias dudas jurídicas que han surgido en la tramitación del expediente el ayuntamiento de la capital "ni ha cobrado ni está cobrando" tasa por ocupación de la parcela a la empresa pública Titsa.

Sobre este asunto, el edil de Cs Antonio Blanco criticó que la "pasividad" por parte del consistorio durante más de una década ha hecho que se haya desaprovechado ingresos por la ocupación de este terreno, evidenciando una "desastrosa gestión económica".

En este sentido, indicó que se preveía durante el pasado año proceder a vender los terrenos al Cabildo de Tenerife y reclamar la cantidad de 560.000 euros por la ocupación del solar durante los últimos cuatro años. Ninguna de las dos cuestiones se han cumplido.

Por otro lado, Tarife dio cuenta de la situación del Plan Especial de Valleseco, y expuso que el proyecto, en la fase de información pública, recibió alegaciones de entidades como Emmasa, Red Eléctrica de España y de administraciones como el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central.

Durante su comparecencia, también a petición de Ciudadanos, Tarife citó algunas de las sugerencias que se habían incorporado al proyecto referidas a consideraciones con relación a la red de saneamiento, drenaje, abastecimiento y tratamiento de aguas y al deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, señaló que se han incluido también en el proyecto las previsiones del Cabildo de Tenerife para la construcción de una nueva línea litoral de tranvía que una el centro urbano de la capital con la playa de Las Teresitas, y la compatibilidad de usos del futuro espacio de baño y ocio con el Centro de Deportes Marinos (Cidemat), que se encuentra en una ubicación aledaña.

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, informó ayer de que finalmente serán cuatro las empresas que opten a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación. En estos momentos, indicó, se están analizando las ofertas presentadas, después de que el plazo finalizara el pasado 9 de abril.

Según indicó en la comisión de control, en una comparecencia solicitada por Sí se Puede, Tarife avanzó que "en breve" se convocará la mesa de contratación para adjudicar estos trabajos.

De las reuniones previas con las empresas interesadas, el concejal de Urbanismo destacó que se les han aclarado determinados aspectos a las licitadoras y sostuvo que "no quieren" que la ciudad se retrotraiga a 2005 desde el punto de vista urbanístico.

Entre los aspectos que se deben mejorar citó los planes especiales, numerosos en el actual documento, así como la consideración de determinados asentamientos rurales.

La oposición, sin embargo, criticó la forma con la que el grupo de gobierno ha afrontado la revisión paralela del PGO, mientras se conoce el fallo del Tribunal Supremo sobre la sentencia que anuló el que aún está en vigor. Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, le echó en cara que no se hayan replanteado, en este nuevo proceso, el modelo de ciudad, e hizo hincapié, al igual que Elena Mateo, del PSOE, en el futuro desarrollo del distrito Suroeste.

"Las dotaciones y cómo se va a resolver el problema de la vivienda son asuntos nucleares del nuevo PGO. El anterior fue del boom inmobiliario, el actual tiene que ser el de atender la demanda de vivienda, un derecho esencial", sostuvo Fernández Arcila, quien añadió que el Plan General que está en duda se redactó en una situación económica "distinta a la actual" y CC-PP lo que quieren en el nuevo plan es "mimetizar, crear un plan general de copia y pega".

187.000 euros a punto de prescribir

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz tiene expedientes por valor de 187.534 euros a punto de prescribir. Así figura en una respuesta ofrecida a Sí se Puede en la comisión de control. En el periodo comprendido entre 2004 y 2017, la Gerencia acumula derechos pendientes de cobro por valor de 779.640 euros. De esa cantidad, 538.122 están remitidos al Consorcio de Tributos.

Dudas con la ropa de los policías de paisano

La concejal de Seguridad, Zaida González, expuso ayer durante la comisión de control la dudas que han surgido con el suministro de la ropa para los policías que ejercen su actividad de paisano. Detalló que hasta hace dos años retiraban la ropa de El Corte Inglés, al que se le adjudicaba el servicio, pero el sistema cambió con la nueva ley. Dijo que en dos ocasiones quedó desierto el concurso por lo que se ha elevado una consulta a Hacienda para que determine cómo se pueden abonar las cantidades correspondientes a los agentes. En el transcurso del proceso, la justicia falló a favor de un policía que denunció, pero la sentencia no es aplicable al resto.

El pabellón Paco Álvarez será derribado

La solución a la presencia de palomas en el pabellón Paco Álvarez, denunciada por el PSOE y reconocida ayer por el gerente de Deportes, Jordi Bercedo, será el derribo de la instalación. Así lo avanzó Bercedo en una comparecencia en la que aseguró que la solución técnica que acabaría con la presencia de estas aves es demasiado costosa, teniendo en cuenta que la demolición está prevista para dentro de "dos o tres meses". Al concluir la comparecencia, el edil de Infraestructuras y presidente ayer de la comisión de control, José Alberto Díaz Estébanez, dejó entrever que el derribo del edificio no sería tan pronto como aventuró el gerente.

El "transfer" es cosa del Cabildo

El director general de Servicios Públicos, Juan Domingo Cabrera, reiteró ayer que debe ser el Cabildo el que active el "transfer", procedimiento que permite a los taxistas recoger pasaje en puertos, aeropuertos e intercambiadores. Cabrera aseguró que el ayuntamiento carece de competencias al respecto, pero recordó que en julio pasado, y a instancia del sector, requirieron el Cabildo a que lo pusiera en marcha. Sin embargo, reconoció que desde ese momento no se ha recibido una "respuesta formal" por parte de la Corporación insular, y advirtió de que este asunto no está "entre sus prioridades".