Los agentes de la Policía Local de Santa Cruz han retirado, en los últimos días, otras once tarjetas fotocopiadas que son utilizadas fraudulentamente para el estacionamiento en las plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).

En lo que va de año la cifra de este tipo de documentos retirados en la capital tinerfeña roza las 80. Según los datos que constan en la unidad administrativa de este cuerpo policial la media mensual de tarjetas retiradas durante 2018 se cuantifica en una quincena de documentos.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Zaida González, apuntó que "gracias al trabajo serio y constante de nuestros agentes está saliendo a la luz una realidad ante la que todas las instituciones implicadas debemos articular una respuesta inmediata; es necesario unificar criterios, actualizar, compartir las bases de datos sobre las personas titulares de esas tarjetas y adoptar, en los casos que corresponda, sanciones o incluso la remisión a los juzgados de las posibles ilegalidades".

Para González, la otra faceta de este trabajo "pasa por hacer comprender a la ciudadanía la insolidaridad de este comportamiento y la grave vulneración que supone de los derechos de las personas que precisan aparcar su vehículo en ese tipo de estacionamientos reservados, hay que insistir en concienciar y hacer cumplir la ley".

De las once tarjetas fotocopiadas retiradas cuatro eran utilizadas por personas que no eran los titulares de la misma; otras tres fueron detectadas siendo usadas por familiares de los titulares de estos documentos; y en cuatro casos esta ilegalidad era cometida por los propios beneficiarios de esta acreditación, aunque portando únicamente una fotocopia a color de la citada tarjeta.

Relacionado con este último caso es la denuncia que realiza Marina Ángeles Ramos, a quien la Policía Local multó y retiró su vehículo, el pasado 13 de mayo, de la calle Rafael Hardisson, sin que ella tuviera conocimiento de ello.

Según cuenta, su coche estaba aparcado e identificado con una copia de su tarjeta de PMR, de la que es beneficiaria desde hace uno diez años, por un lado para evitar el deterioro de la original y, por otro, porque nadie le había dicho que solo era válida esta. "Nunca me había pasado algo así", reconoce.

Con bastantes dificultades de movilidad, Marina Ramos tuvo que coger un taxi, todavía con el susto en el cuerpo, para retirar su vehículo del depósito municipal. Allí tuvo que pagar 80 euros, con tarjeta porque no se puede en efectivo.

Posteriormente, y todavía indignada con la situación, acudió a la Comisaría de la Policía Local de Tres de Mayo con la intención de hablar con el agente que la había multado, cuestión que no logró.

Allí decidió pagar la multa para lograr que solo fuera la mitad -cien euros-, y presentó una primera reclamación. Días después registró otra ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

"Me parece injusto y abusivo. Entiendo que si tienen que multar que lo hagan, pero llevarse el coche con la falta de movilidad que tengo es muy duro", insistió ayer la afectada.

"¿Los policías no están para ayudar, sobre todo a las personas minusválidas?", se preguntó. "Parece que es más fácil jugar con la comida de la gente", añadió.

Desde el área de Seguridad de Santa Cruz insistieron ayer en que solo son válidas las tarjetas originales, tal y como recoge el decreto 148/2001, que aprueba el Reglamento de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, en sus artículos 4 y 5.