Un error en la concesión de una licencia ha motivado ahora que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife haya conminado al Ayuntamiento de la capital a derribar dos plantas de un edificio de seis viviendas, construido en la urbanización La Ninfa, en la zona de Ifara.

El pleno dio cuenta ayer del requerimiento realizado por parte del juzgado al concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, para que presentara, en el plazo de un mes -la providencia tenía fecha 25 de junio-, un cronograma de actuaciones para cumplir la sentencia, que se remonta a septiembre del año 2016.

Según detalló ayer Tarife en la sesión plenaria, ese cronograma ya ha sido presentado y aceptado por el juzgado, que había advertido al edil y a la Alcaldía con tomar "medidas coercitivas" para que se cumpliera el fallo.

En concreto, los plazos que maneja Urbanismo son los siguientes: tres meses, como máximo, para la celebración del contrato administrativo, mediante adjudicación directa, para la redacción del proyecto de demolición; otros tres para la modificación presupuestaria, previa licitación de las obras, para el crédito necesario para la ejecución; dos meses para la licitación de los trabajos de demolición; y un tiempo sin definir aún para la ejecución de la obra.

Es decir, que según los cálculos del concejal de Urbanismo, el derribo de las dos plantas del citado inmueble no se producirá, al menos, hasta dentro de unos doce-catorce meses.

El coste del derribo, aún por determinar, será repercutido con posterioridad a los propietarios del inmueble, al tratarse de procedimiento de ejecución subsidiaria, aunque aún está por ver si estos reclaman a la administración algún tipo de indemnización, pues la licencia con la que se construyó el edificio fue concedida por el ayuntamiento.

Los hechos que ahora se relatan se remontan al año 2010, cuando fue concedida la licencia por la Gerencia. Urbanismo concedió el permiso para la construcción del inmueble, pero una denuncia posterior determinó que existían incumplimientos en materia de alineaciones y rasantes e invasión del barranco del Canario, retranqueos, ocupación, altura y construcciones en cubiertas.

Por otra parte, fue también Tarife el encargado de argumentar el rechazo a una moción de Sí se Puede en la que, entre otros acuerdos, pedía un cambio del planeamiento en el Valle de Las Huertas y Montaña Morera, a raíz de la última sentencia del Tribunal Supremo sobre la Junta de Compensación de la playa de Las Teresitas.

Lola Schneider, vecina de Montaña Morera, relató el "sufrimiento" de los afectados por el expolio que se hizo de esos terrenos sin su consentimiento.

Tarife propuso "solidarizarse" con estos ciudadanos, pero rechazó cualquier cambio en el planeamiento hasta tanto no sean firmes los pronunciamientos judiciales que ya se han producido. Pedro Fernández Arcila, portavoz de SsP, rechazó que se desvirtuara la moción, que fue rechazada.