El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, pidió información "clara y precisa" al Banco Santander sobre la situación real de las viviendas de protección oficial de Añaza y que paralice cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en ellas.

A través de una carta, conociendo la intención de la entidad, o de sociedades vinculadas, de no prorrogar el arrendamiento de 179 viviendas de VPO, asegura que "he sido testigo directo de la angustia de los vecinos por la situación que se ha originado a raíz de las actuaciones iniciadas por la entidad bancaria".

Consciente de que Gobierno canario y ayuntamiento ya han contactado con el banco, considera de "vital importancia" que la situación pueda "encauzarse adecuadamente" para evitar el desalojo de las familias, "lo que también es trascendente para poder seguir manteniendo una adecuada relación comercial con la entidad".

Recuerda que el Pleno del Cabildo, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, adoptó un acuerdo institucional en materia de derecho a la vivienda aplicable a casos como este. Entre las medidas está instar a las entidades financieras con las que mantiene contratos el Cabildo a que paralicen los desahucios de personas y familias, cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial, y estudiar la viabilidad y los efectos de proceder a la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial si persisten.