"Las administraciones públicas han estado donde tenían que estar". Así se refirió la activista del colectivo Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Inma Évora, al conocerse que el Banco Santander accede a reunirse con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerrife y el Cabildo de Tenerife después de que el martes ambas administraciones anunciaran la retirada de un total de 29 millones de euros de la entidad ante su pasividad y falta de información sobre los procedimientos llevados a cabo por su filiales contra las 358 familias que habitan los edificios de las manzanas 7 y 8 del barrio de Añaza.

En este caso, una vez que se confirmó el aplazamiento de un nuevo desahucio de una pareja con hijos de la urbanización, llegó la noticia de la recepción por parte del Cabildo de una misiva firmada por parte de la directora territorial del Santander, Beatriz Martínez (minutos después también llegó al ayuntamiento una carta en los mismos términos), en la que confirmaba su disposición a "mantener una reunión cuando así lo estimen conveniente" y que "no va a proceder a realizar ningún lanzamiento de inquilinos en situación de vulnerabilidad, aun cuando pueda haber impagos de renta". Además confirmó que la sociedad Luri 6, su filial, sigue siendo la propietaria de las 358 viviendas de Añaza afectadas.

Y la esperada reunión demandada por parte del ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y colectivos y vecinos se producirá mañana, según confirmaron las tres administraciones. Será un punto de encuentro en el que por primera vez desde que afloró la crisis social de las familias en riesgo de desahucio la entidad financiera se sentará para estudiar, dialogar y debatir sobre una situación que ha dañado bastante la imagen del Santander, así como la necesidad de buscar una solución global para los afectados.

En cualquier caso, habrá mesa y encuentro en donde todos los actores se vean la cara y será mañana, viernes, previsiblemente en la sede bancaria, "justo lo que pedimos el pasado día 9", quiso recordar el alcalde de Santa Cruz, que a pesar de todo mostró una actitud de prudencia después de lo que ha sucedido durante los últimos 8 días, en los que el silencio del Santander ha provocado situaciones de tensión entre las administraciones y los propios vecinos afectados.

La lectura de la carta enviada por el banco al ayuntamiento y Cabildo en la calle por parte de Inma Évora, en espera de un desahucio que finalmente no se produjo, a las puertas de los edificios afectados, fue acogida con aplausos, e incluso con alguna lágrima, "por el rayo de esperanza que se abre para nosotros", llegó a decir una de las afectadas.

Lo cierto es que desde primera hora de la mañana la calle Altar de Añaza se convirtió en el punto de encuentro de vecinos para apoyar a Valeria y sus dos hijos, sobre la que pesaba una orden de desahucio que al final nunca ocurrió ante el aplazamiento comunicado sobre las 10:30 horas. La afectada nunca quiso ser partícipe de un circo mediático y muy afectada prefirió aguardar con discreción y desesperación la amenaza de verse en la calle con sus hijos a pesar de los esfuerzos del ayuntamiento desde ayer por la tarde de evitarlo. Finalmente, el lanzamiento no se produjo.

Por otra parte, el consejero de Bienestar Social, Aurelio Abreu, culpó de la situación al Gobierno de Canarias por no tener una política de vivienda adecuada en las Islas.

Mañana frenética

La misiva del Banco Santander en la que se ponía a "disposición" para mantener una reunión con las administraciones e implicados fue el culmen de una jornada de máxima tensión que empezó el martes después de que el ayuntamiento recibiera por la tarde la confirmación de que ayer se iba a producir otro nuevo desahucio, el de Valeria y sus hijos. Pero la jornada ni mucho menos había comenzado a partir de la comunicación. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, a las 08:00 de la mañana había firmado un documento instando al Juzgado de Primera Instancia Número 2 solicitando la paralización del lanzamiento judicial de Valeria, una demanda que había trasladado, también, a la entidad filial del Santander, Luri 6. Fueron unas horas en las que los teléfonos echaron chispas con un único objetivo: parar el lanzamiento que pesaba sobre la cabeza de Valeria y su familia en el barrio de Añaza. Finalmente, no fue desahuciada, tras recibir el apoyo incondicional de los vecinos.