La dirección de la residencia de mayores El Drago del Marqués reclamó ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz que dé "garantías jurídicas" de que la situación de nulidad de las licencias de construcción, actividad y habitabilidad que pesan sobre el geriátrico, dictada por el Tribunal Supremo (TS), avalando al TSJC, es "salvable" a través de la ejecución del proyecto presentado por la empresa para legalizar el edificio.

Se trata de una opción defendida por la Gerencia de Urbanismo que está siendo estudiada por los técnicos del área, que esperan dar una respuesta "en un plazo aproximado de dos o tres semanas", apuntó ayer el concejal responsable, Carlos Tarife.

"Hay una posibilidad técnica de solventar la situación tanto de los pacientes como de los trabajadores", aseguró. "Es una ventana que podemos estudiar y que sitúa el expediente en un punto no tan negro como el lunes, sino en una posibilidad de legalización que haría perder un número mínimo de camas", añadió.

El asunto se abordó ayer en una reunión celebrada ayer con representantes de la Gerencia de Urbanismo, del Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS) del Cabildo y de la anterior propietaria de la residencia para tratar de solucionar un problema que afecta a 176 usuarios y más de 100 trabajadores.

Es por ello por lo que la empresa pidió ayer a la Gerencia que "si tiene tan claro que su propuesta es posible en el más estricto cumplimiento de la legalidad, le entregue por escrito una resolución oficial, avalada por el servicio jurídico, que diga que la residencia, a pesar de la sentencia, no debe cerrarse".

En opinión de la dirección del centro, se deben abordar dos asuntos. El primero de ellos es "el problema fundamental de la nulidad de la licencia, que es efectiva desde el mismo momento en el que el TS no ha admitido a trámite el recurso contra la decisión del TSJC", del que, en su opinión, el ayuntamiento señala que es "salvable".

Y, el segundo, "es la supuesta legalización del edificio para cumplir con lo marcado por la Justicia", que dice que la residencia debe tener menos de la mitad de la edificabilidad actual (de 6.000 a 3.000 metros cuadrados, aproximadamente), que la altura de plantas debería rebajarse de 6 a 3, y que se debería tener un retranqueo de 7 metros, en contra de los 3 actuales. Todo ello "sin olvidar" que el uso de la parcela no es el de residencia geriátrica.

La empresa remarcó, además, que el fallo del TSJC dice que procede la nulidad de la licencia "porque autoriza obras contrarias al planeamiento y, por tanto, ilegalizables".

"Con todos estos datos, los expertos jurídicos y técnicos que han asesorado a la compañía no han encontrado una solución que respete lo establecido en la sentencia", subrayó la dirección de El Drago del Marqués, que reconoció que "le gustaría" ser tan optimista como el ayuntamiento "sobre la posibilidad de cumplimiento de la sentencia, pero debemos respetar la ley y proteger a nuestros trabajadores y residentes. Y eso pasa por tener licencia como en cualquier otra actividad".