El Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el próximo día 27 de febrero la vista a los condenados por el caso Las Teresitas por la Audiencia Provincial de Tenerife, cuya sentencia a día de hoy no es firme, al objeto de que expongan los motivos por los que consideran que el TS debe admitir sus recursos de casación tras recurrir la primera de las sentencias condenatorias.

De esta forma, la representación de los afectados podrá tener entre 10 y 15 minutos para argumentar los motivos que podría tener el máximo tribunal para estimar sus recursos de casación relativos a las pruebas, derechos u omisiones, entre otros, sobre uno de los casos más mediáticos de las Islas. En cualquier caso, las representaciones de los condenados no podrán aportar pruebas nuevas.

En este caso, fuentes consultadas por EL DÍA señalan que esta vista pública servirá para que de forma sintética y sin entrar en grandes debates jurídicos expongan por qué el TS tiene que estimar sus recursos de casación, que son los que se interponen como recursos que van al Supremo.

De esta forma, el próximo día 27 las representataciones de los condenados, cuya sentencia todavía no es firme, se presentarán a la vista con su argumentación exclusivamente sobre lo juzgado.

Hay que recordar que el exalcalde Miguel Zerolo fue condenado por la Audiencia Provincial por delitos de malversación y prevaricación a 7 y 8 de cárcel y a 17 años y medio de inhabilitación absoluta, según la sentencia hecha pública el 27 de abril de 2017, por la irregular compraventa de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, que han sido condenados a 5 años y 6 meses de prisión por malversación.

El exedil de Urbanismo Manuel Parejo, condenado también a 3 años de prisión por el caso Mamotreto, se enfrenta a otra pena, de 7 años, por malversación.

Los empresarios Antonio Plasencia Santos e Ignacio González Martín, propietarios de la sociedad Inversiones Las Teresitas, que vendió el frente de playa al Ayuntamiento por 52,5 millones de euros pese a que la arquitecta municipal los valoraba en 19 millones, han sido condenados a 5 años y 3 meses de prisión como cooperadores en la malversación y en la prevaricación.

Plasencia y González quedan inhabilitados para el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con la promoción y desarrollo de actuaciones urbanísticas durante el tiempo de la condena.

Asimismo, también fueron condenados a 4 años de prisión el exgerente y exsecretario de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes, respectivamente.

Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Juan Víctor Reyes, José Tomás Martín, Antonio Plasencia e Ignacio González deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un total de 61,6 millones de euros más intereses. Además, el tribunal condenó a las empresas de Plasencia y González, Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria, al pago solidario de una de las indemnizaciones, por 52,5 millones de euros.