El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso de la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) presentado el 28 de abril de 2017 contra la resolución emitida tres meses antes por la Comisión de Precios de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias de no permitir una subida de la tarifa del agua, una iniciativa que fue propuesta a finales de 2016 por el Ayuntamiento de Santa Cruz.

No obstante, a pesar de que el TSJC ha rechazado "en todos sus términos" la reclamación, deja abierta una vía para que la empresa que gestiona el servicio de agua de abasto reclame a la propia corporación capitalina el incremento de la tarifa que la Comisión de Precios le había rechazado.

Esta interpretación está reflejada en el fallo del TSJC recientemente emitido, que ya ha sido a su vez recurrido por Emmasa ante el Tribunal Supremo (TS).

Así lo adelantó ayer el concejal de Servicios Públicos de la capital, Dámaso Arteaga (CC), durante el desarrollo de la comisión de control de la corporación a demanda del concejal de IU, Ramón Trujillo, con el objetivo de que informara sobre el precio de la tarifa del agua y su posible reducción.

La idea relacionada con el recurso de Emmasa interpuesto al TS fue la que más caló tras la reclamación de la oposición al completo (PSOE, SSP, Cs e IU) de que los precios del recibo en Santa Cruz bajaran "tras la mejora integral que ha realizado Emmasa en la EDAM (Estación Desaladora de Agua de Mar) de Cueva Bermeja", por valor de 8,8 millones de euros, y que permitirá "una menor dependencia del mercado privado de agua en la Isla".

Arteaga se posicionó en las dificultades de la compañía para "equilibrar" sus resultados por los servicios que presta, apuntando que la tarifa está congelada desde 2012 y que se pretendía un incremento del IPC anual, que finalmente se está resolviendo en los juzgados tras dar el TSJC la razón al Gobierno regional contra una subida.

Tanto Trujillo, como Pedro Fernández Arcila (SsP), Elena Mato (PSOE) y Evelyn Alonso (Cs) criticaron que haya sido el ayuntamiento el promotor de la primera demanda a la Comisión de Precios, llegando a decir que "la corporación le hace el trabajo a Emmasa", una circunstancia que el nacionalista rechazó de plano.

Este punto se convirtió en una de las cuestiones más destacadas de los 19 asuntos debatidos en la sesión junto a otras dos, como fueron la demanda de información del PSOE acerca del aumento del gasto para la limpieza de la ciudad de hasta 317.000 euros entre este mes y hasta mayo y el debate surgido tras la explicación demandada al edil de Urbanismo, Carlos Tarife, sobre los procedimientos que ha llevado a cabo su área para legalizar la residencia de mayores de El Drago del Marqués, en Ifara.

Nuevamente el edil Dámaso Arteaga fue el encargado de defender la inversión de 317.000 euros para reforzar los servicios de limpieza que desarrolla Urbaser, criticando la oposición en peso que se trataba de una medida electoralista "por la coincidencia de este refuerzo entre los meses de marzo y mayo como si fuera un punto de propaganda electoral".

El nacionalista lo negó, defendió el trabajo realizado y las intervenciones desarrolladas, y resaltó que el refuerzo tiene un coste que "servirá para ampliar la jornada laboral de trabajadores que están a tiempo parcial" sobre un contrato que en época de crisis fue reducido por otras prioridades sociales. "Ahora se restituye parte de ese contrato y usted -Elena Mateo (PSOE)- no recuerda que su grupo aprobó la citada reducción", recriminándole lo que entendió como tener "mala fe", ante las quejas del resto de grupos.

También negó la mayor sobre la existencia de un incremento de incidencias en materia de limpieza, resaltando que se registraron 5.157 en 2018, de las que 2.797 fueron relativas a limpieza, de las cuales 421 fueron quejas ciudadanas.

Sobre los problemas derivados de la legalidad del centro de mayores El Drago del Marqués, el concejal de Urbanismo Carlos Tarife (PP) pidió a la oposición "no crear alarma ni hacer política con los mayores", y apuntó que los técnicos del área están haciendo todo lo posible para legalizar a través de un proyecto de 800.000 euros, presentado por la empresa propietaria de la residencia el pasado 7 de enero, la edificación, retranqueo y aparcamientos que están irregulares en espera de que la Justicia lo reconsidere.

"Lo que sí deben tener claro es que se ha incorporado un anexo y los técnicos lo están estudiando. Cuando esté, posiblemente en unos días, ustedes lo conocerán", concluyó.

OTROS ASUNTOS

El concejal de Obras e Infraestructuras, José Alberto Díaz Estévanez, aseguró ayer a la mesa de la comisión que el ayuntamiento invirtió en 2018, 3,6 millones de euros en obras y actuaciones con cargo al Plan de Barrios desarrollado en los cinco distritos, una cantidad que se elevará hasta los 13 millones en este ejercicio (30 millones hasta 2021). Fue la respuesta a una pregunta de Cs sobre la petición de información del proyecto tras cuestionar las iniciativas desarrolladas en los cinco distritos.

El grupo de Sí Se Puede puso sobre la mesa una pregunta en la que se cuestionaba al edil de Atención Social, Óscar García, sobre la falta de respuesta para conseguir citas previas en las Unidades de Trabajo Social (UTS). Sobre ello García recordó que las atenciones demandadas en 2018 fueron 64.000 registros, 8.000 menos que en 2017, aunque reconoció que en momentos puntuales "puede existir saturación de los trabajadores sociales para incluir a los usuarios en una agenda", entre otras cuestiones.

Otro asunto fue dirigido por el PSOE al edil de Desarrollo Económico Alfonso Cabello (CC) sobre la "renuncia" a regular el alquiler vacacional. El nacionalista apuntó que no se ha renunciado, se están "atemperando los tiempos" desde que en febrero el Gobierno regional presentó su borrador. "No podemos aprobar la ordenanza si luego nos la rechazan", dijo.