La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, descartó ayer entrar en el debate "científico-moral" sobre cuándo comienza la vida humana, por entender que lo importante es respetar "cuándo un feto es viable".
Jiménez respondió así en el Congreso a la diputada del PP Lourdes Méndez, quien le preguntó si compartía el criterio de la titular de Igualdad, Bibiana Aído, de que un feto de trece semanas es un "ser vivo", pero no un ser humano.
La titular de Sanidad señaló que no quería "confundir a la ciudadanía" porque su obligación, como "político responsable en salud pública", es saber "a partir de qué momento" el feto puede sobrevivir fuera del seno materno, un límite que se sitúa en torno a la semana 22 de gestación, según el criterio de la OMS.
En esta línea defendió una ley de plazos para el aborto, que pretende adecuar la normativa española a las más avanzadas de los países europeos, "más allá de debates éticos y morales".
"Estamos adaptando un derecho reconocido en nuestra sociedad desde hace veinticuatro años", aseveró, si bien confesó que "tendríamos que habernos ocupado mucho antes" y "hace años" de la educación sexual de los jóvenes españoles.
"Es verdad que en España hay un número muy alto de embarazos no deseados en mujeres muy jóvenes, ahí se engloba el poner a disposición la píldora para ser usada en caso de urgencia", comentó la ministra.
Para la parlamentaria popular, la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) aumentará "el machismo", los abortos y los embarazos no deseados, una razón por la que ha acusado al Gobierno socialista de lanzar "mensajes engañosos" a los jóvenes.
Méndez denunció que el Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero "apuesta por políticas deshumanizadas" y ha recordado a la "señora ministra" que las jóvenes "no son sólo sexo".
Jiménez rebatió a la representante de la oposición, porque "no hay efectos secundarios reseñables que digan que la píldora no puede ser suministrada cuando una mujer, en caso excepcional, decida hacer uso de ella" e insistió en que "no es un método abortivo bajo ningún concepto".
La ministra, quien expuso las líneas generales de su departamento, anunció que desde que entró en vigor la Ley de Dependencia en enero de 2007 hasta principios del mes de mayo, el número de solicitudes registradas ha ascendido a un total de 932.010.
De estas peticiones, matizó que el 70% ya tienen reconocido el derecho a los servicios y prestaciones recogidos en la normativa.
Jiménez recordó también que a 625.000 personas se les ha reconocido el derecho a la dependencia y que alrededor de 400.000 ya se están beneficiando de las ayudas.
El presupuesto en materia de Ley de Dependencia ha ascendido a 2.829 millones de euros en estos tres primeros años de implantación, un 37,5% más de lo previsto inicialmente, agregó.
"Estamos hablando de un derecho que queremos que tenga carácter universal", según la responsable de Sanidad, quien resaltó el papel del grupo de expertos independientes que se ha puesto en marcha para evaluar el desarrollo de esta ley.
"A la vuelta del verano", prosiguió, Sanidad presentará el estudio sobre todas las evaluaciones realizadas a través de la Ley de Dependencia.
Jiménez se refirió al Plan Nacional de Promoción del Envejecimiento activo y saludable, anunciado el pasado jueves por el presidente del Gobierno, y señaló que se está trabajando en el Libro Blanco del Mayor, cuyas políticas están orientadas "a la prevención de las situaciones de dependencia".
Esta iniciativa se articulará en distintas actuaciones para potenciar la autonomía, la seguridad y el crecimiento personal de las personas mayores, y todo ello se presentará durante la Presidencia española de la Unión Europea en 2010.
Jiménez adelantó que los trámites para presentar el anteproyecto de la nueva Ley de Salud Pública están "ya muy avanzados", por lo que sus contenidos serán dados a conocer públicamente "este verano".
Otros proyectos legislativos a los que se refirió la titular de Sanidad en el Congreso son el de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y el que modificará el régimen legal de la competencia desleal para la mejora de la protección de consumidores y usuarios.