Falsas alergias, empadronamientos engañosos y hasta divorcios fingidos. Para algunos padres no hay reparos a la hora de conseguir plaza en el colegio deseado. Cada mes de mayo, con las listas de admitidos, reaparecen las reclamaciones y las sospechas de fraude de familias cuyos hijos han quedado fuera.

En poblaciones y barrios donde todos se conocen hay padres que recurren a las delegaciones de Educación para que se verifiquen los datos del padrón, el engaño más habitual en colegios concertados. Otros terminan, incluso, acudiendo al juzgado.

Las argucias se repiten cada curso. El Justicia de Aragón cree que las sanciones que se aplican no son disuasorias, la Generalitat de Cataluña ha endurecido las normas y en Andalucía se tramitan demandas para que se reconozca la libre elección de centro, en su mayoría religiosos.

No hay datos contrastados, pero "cada año cientos de familias se quedan sin el colegio elegido, y produce mucha frustración", explica Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa). "Los padres incumplen la legalidad, pero hay que comprender por qué pasa: no hay plazas concertadas para todos", justifica.

El problema, para José Antonio Poveda, asesor jurídico de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), es que "hay un porcentaje de población que quiere un determinado modelo de enseñanza o de centros, y la Administración educativa no atiende esa demanda", así que "los ciudadanos se buscan la manera. Se juegan la educación de sus hijos".

Las posibilidades de fraude han ido disminuyendo. Trampas como la falsa declaración de la renta han desaparecido porque los datos fiscales se piden a la Agencia Tributaria. "Pero hay otras -como empadronar al niño con un familiar, o en un piso alquilado hasta que ha sido admitido, y enfermedades dudosas- que se escapan", reconoce el asesor de la FERE.

El baremo para asignar plaza en colegios públicos y concertados se fija por las comunidades atendiendo a la cercanía del domicilio o lugar de trabajo de los padres, los hermanos ya matriculados, la renta, alguna discapacidad o la condición de familia numerosa.

Pero en Aragón, Cataluña y Madrid, las intolerancias alimentarias o problemas endocrinos que necesitan dieta pueden inclinar la balanza en caso de falta de plazas. Y Andalucía otorga puntos extra a las familias monoparentales.

La situación lleva a unos padres a investigar a otros. Los ciudadanos, señala una portavoz del Justicia de Aragón, afirman que no les han dado el colegio concertado o público bilingüe que habían pedido, y que otros mienten para conseguirlo. "Pero a la hora de denunciar tienen dificultades", añade. "Hay que probar las irregularidades, obtener unos datos del padrón o de la tarjeta sanitaria de otras familias por medios alegales e, incluso, se plantean contratar a un detective".

La Administración "va tomando medidas, pero sigue habiendo picaresca", dice Pedro Rascón, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la escuela pública. "En los centros públicos el proceso es más transparente. En los otros hay hasta puntos trampa, por antiguos alumnos y otras circunstancias, que dejan la decisión en manos del colegio".

"A veces se acusa a los centros de fraude en la admisión, pero es injusto", insiste el asesor de la FERE José Antonio Poveda.