EL COMPROMISO político de la Unión Europea en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres está definido desde su creación, constituyendo un valor común de la Unión. Este compromiso, los propósitos en coherencia con el mismo, y las acciones que de ellos se deriva, presentan una importante dimensión internacional en lo referente a la lucha contra la pobreza, el acceso a la educación y los servicios de salud, la participación en la economía y el proceso de toma de decisiones, así como la equiparación de la defensa de los derechos de la mujer con la defensa de los derechos humanos. En este ámbito, la UE ha aplicado un doble enfoque que engloba acciones específicas y la integración de la perspectiva de género.

A pesar de estos principios, y de los esfuerzos realizados en las regiones europeas y desde las propias instituciones de la Unión, persisten en el ámbito comunitario, de manera contumaz, diversas situaciones discriminatorias que impiden que hablemos de una ciudadanía europea igualitaria; situaciones que, sin duda, generan un déficit democrático en nuestra sociedad.

Por ejemplo, los últimos informes a nivel comunitario concluyen que la tasa de empleo de las mujeres aumenta, pero permanece inferior a la de los hombres, a pesar de que las chicas son mayoría en la población estudiantil y, además, tienen mayor índice de graduación a nivel universitario.

Por otra parte, las mujeres reciben salarios más bajos -entre un 10% y un 30% se sitúa la brecha salarial-, y este fenómeno permanece estable, e incluso en algunos países, en continuo crecimiento.

Esta desigualdad retributiva tiene un importante impacto, no sólo en los ingresos percibidos en el tiempo de trabajo, sino también en las pensiones de las mujeres, porque percibir un salario inferior significa tener una pensión inferior, lo que genera, a su vez, un mayor riesgo de pobreza en las mujeres mayores.

Asimismo, las mujeres estamos todavía infra-representadas en los puestos de toma de decisiones políticas y económicas, a pesar de que nuestra presencia se ha incrementado a lo largo de la última década.

En cuanto a la distribución de las responsabilidades familiares, ésta es aún desigual entre mujeres y hombres, lo que incide de manera significativa en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres.

Con relación a la violencia, si bien como escribía la Dra. Gro Harlem Brundtland, directora general de la OMS, en el prólogo del Informe sobre la Violencia y la Salud, publicado en 2002, "La violencia se extiende a todos los habitantes de este mundo y a todos nos afecta de alguna manera", no es menos cierto que la violencia de género se ha convertido en uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta nuestra sociedad, y que las principales víctimas son las mujeres.

El camino recorrido en Canarias en los últimos tiempos, en sintonía con las directivas y resoluciones de las instituciones comunitarias, es extenso y presenta algunos resultados exitosos. Desde luego, el compromiso político por la Igualdad ha estado coherentemente proyectado en los Fondos Comunitarios. Así, en la última década, desde el Instituto Canario de la Mujer, organismo de Igualdad del Gobierno de Canarias, se han gestionado numerosos proyectos en el marco de Iniciativas Comunitarias, desde la pionera Now, pasando por las dos convocatorias EQUAL, y más recientemente Daphne, Leonardo y el actual Progress, programa financiero que apoya la efectiva implementación del principio de igualdad de género y la promoción del Mainstreaming de género en todas las políticas de la UE.

Los avances logrados en las últimas décadas se deben en gran medida a la legislación sobre trato igualitario, Mainstreaming de género y medidas específicas para el avance de las mujeres. Sin duda, un gran cuerpo de textos legislativos está dedicado a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, principalmente materializados a través de tratados y directivas en relación al acceso al empleo, la igualdad retributiva, la protección de la maternidad, el permiso paternal, la seguridad social, la carga de la prueba en casos de discriminación y autoempleo, etc.

Desde luego, la trasposición de esas directivas a la legislación nacional, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, ha dotado a la ciudadanía de la UE de nuevas herramientas para su defensa en caso de discriminación.

Ahora bien, el compromiso de las Regiones de Europa, los Estados Miembros y la propia Unión por acelerar el progreso hacia la igualdad de género, pasa necesariamente por abordar los contenidos de la hoja de ruta de la UE para el período 2006-2010, destacando seis áreas prioritarias de actuación en materia de igualdad de género: igualdad independencia económica para mujeres y hombres; reconciliación de la vida privada y profesional; igual representación en la toma de decisiones; erradicación de todas las formas de violencia basada en el género y el tráfico de mujeres; eliminación de los estereotipos de género y promoción de la igualdad de género en la política exterior y de desarrollo.

Sin duda, la igualdad entre las mujeres y los hombres es un aspecto básico en materia de derechos humanos, justicia social y representación democrática y no podría conseguirse por completo sin una participación equilibrada de mujeres y de hombres en todos los sectores de actividad, incluida la política. Una forma de alcanzar este objetivo es a través del sufragio, la expresión primaria de la voluntad del pueblo. Por lo tanto, es de vital importancia que las mujeres dejemos oír nuestra voz en las elecciones europeas de 2009 para expresar nuestra opinión sobre Europa, así como lo que esperamos de sus instituciones.

* Directora del Instituto Canario de la Mujer