Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer formalmente dos importantes normas sobre inmigración: las sanciones mínimas a los empresarios que contraten a "irregulares" y la "tarjeta azul" para atraer a trabajadores muy cualificados.
Las sanciones para quienes contraten a irregulares abarcan desde multas, en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador, hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Ambas directivas fueron aprobadas como puntos sin debate en la reunión de ministros de Agricultura que se celebra en Bruselas, después de que el Parlamento Europeo (PE) las respaldase tras el acuerdo en el seno del Consejo.
Las dos medidas son piezas "importantes" dentro de la política de la UE de promover la inmigración legal y combatir la irregular, señaló el comisario europeo responsable de cuestiones migratorias, Jacques Barrot.
A partir de mañana, los Estados miembros tendrán un plazo máximo de dos años para aplicar la norma sobre las sanciones, que establece que las empresas son responsables de comprobar que todas las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla y sanciones mínimas para quien incumpla la legislación.
Además, el empresario deberá abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador hubiese tenido un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.
La directiva prevé sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si explota a los inmigrantes, si la persona empleada es víctima de tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.