La presidenta del Comité de Bioética de España, Victoria Camps, aseguró ayer en Gijón que la objeción de conciencia en el caso del aborto "debe de estar regulada". Según la catedrática, "si el aborto es una prestación legitima, los centros públicos la tienen que poder ofrecer".
Camps indicó que la normativa sobre este asunto debería ser aplicable a otros asuntos sanitarios en general, como puede ser la eutanasia o la huelga de hambre. La presidenta del Comité de Bioética de España, que ayer se reunió en Gijón, dejó claro que la objeción de conciencia "es un derecho, pero, al afectar a terceras personas, debe tener una normativa".
El comité hablará de esta regulación en el documento que prepara sobre el aborto, que no será un informe, según Camps, sino una "reflexión" sobre la importancia y la necesidad de modificar la ley del aborto.
Camps señaló que en la regulación de la objeción de conciencia coinciden los doce miembros del comité, aunque no es así en otros asuntos. "El comité es plural, no todos pensamos lo mismo", puntualizó la catedrática.