La falta de consenso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para respaldar el informe favorable a la reforma de la ley del aborto ha reforzado en sus posiciones a los detractores de esta iniciativa legislativa, principalmente el Partido Popular y el Foro de la Familia.
El PP exigió ayer que el Gobierno retire el anteproyecto de ley de reforma ante la "falta de apoyo" de los organismos judiciales y la división de opiniones en el Parlamento sobre el texto. La secretaria de Educación e Igualdad de esta formación, Sandra Moneo, señaló que la decisión del órgano de gobierno de los jueces supone que "no avala la ley del Gobierno y respalda lo que dice el PP: que vulnera principios fundamentales recogidos en la Constitución, que genera una fractura social, parlamentaria y en organismos judiciales y que es radical".
"El Gobierno tiene la responsabilidad, tras la falta de apoyo de organismos tan importantes como los judiciales, de retirar la ley", subrayó Moneo.
En la misma línea, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, solicitó al Ejecutivo la retirada inmediata del proyecto de ley. Blanco indicó que la decisión del Consejo General del Poder Judicial "es una muestra más de cómo esta ley divide a la sociedad española". A su juicio, "en una sociedad madura y democrática como la española, una iniciativa carente del consenso más elemental y que no cuenta con el aval básico de las instituciones del Estado, debería ser retirada".
El presidente del Foro de la Familia destacó que "cada vez es más patente la división que genera esta ley", que impulsó el Gobierno "sin que se lo haya pedido nadie". Así, reclamó al Gobierno socialista que "abandone este proyecto y se centre en proteger al niño no nacido y a las mujeres que se ven abocadas a abortar por la falta de ayudas y apoyos".
Críticas desde IU
El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso Gaspar Llamazares acusó al Gobierno de haber "debilitado" las posiciones progresistas en el CGPJ. Llamazares concluyó que el PSOE y el Ejecutivo "tienen lo que han sembrado", porque en el órgano de gobierno de los jueces han favorecido una política "salomónica" que ha provocado "una infrarrepresentación de las sensibilidades progresistas".